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Full text of "Actos gubernativos del General Oribe: Su valor jurídico"

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GENERAL ORIBE 



SU VALOR JURÍDICO 




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Imp. *E1 Siglo Ilustrado», de Turenne, Varzi y Cia. 

Calle Uruguay número 324 

1890 



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Imp. «El Siglo Ilustrado*, de Turcnne, Varzi y Cía. 

Calle Uruguay número 324 

1896 



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AL DOCTOR 



Don LORENZO BARBAGELATA 



Testimonio de amistad inquebrantable 

al joven de espíritu fuerte 

cuyo cerebro nutrido de ideas lo coloca á la cabeza 

de los hombres de su generación 



EXPLICACIÓN 

Las importantes cuestiones ventiladas ante el Poder 
Administrador y ante las autoridades judiciales de la Re- 
pública, desde el año 1829 hasta la fecha, pudiendo de- 
cirse que esta es la causa más antigua en el país, en la 
que desfilan todas nuestras principales personalidades po- 
líticas y militares, me han movido á dar á la publicidad 
el trabajo que he confeccionado en el escaso tiempo que 
me lo han permitido la ley y mis atenciones profesio- 
nales. 

A los cincuenta años bien puede la razón humana 
romper los lazos de la pasión política y personal, juz- 
gando, con criterio tranquilo y elevado, los actos de 
nuestros predecesores en la vida pública y dar un fallo 
que no esté inspirado ni en el odio ni en el amor. 

En 1838 el General Oribe resignaba, como él decía, 
el mando de Presidente constitucional de la República, y 
veinticuatro horas antes había mandado, autorizado el 
acto por su Ministro el doctor don Carlos G. Villade- 
moros, se otorgara escritura de propiedad, á favor de 
don Domingo Lebrún, de un campo que éste poseía 
desde 1829, á titulo de comprador de una donación que 
el General Artigas había hecho, en 181 5, por intermedio 
del Comandante Militar don Juan Antonio Lavalleja, 
autorizada luego por el M. I. Cabildo de Montevideo, 
en la persona del desgraciado esclavo Lorenzo Ruy Díaz, 
que había conquistado su libertad, con el esfuerzo de su 



Actos gitalTos 

DEL 

GENERAL ORIBE 



SU VALOR JURÍDICO 




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MONTEVIDEO 



Imp. «El Siglo Ilustrado*, de Turenne, Varzi y Cia. 

Callk Uruguay número 324 

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Imp. «El Siglo Ilustrado», de Turenne, Varzi y Cia. 

Calle Uruguay nú mero 324 

1896 



10 ALBERTO PALOMEQUE 



el problema pavoroso del desierto. Había que poblarlo, 
para poder gobernar. Y para poblarlo, era indispensable 
estudiar ese problema de la tierra, sin la cual no vive 
el hombre ni es posible que haya progreso. 

Resolver bien ese problema de la tierra pública, era 
algo arduo, aun para espíritus que habían actuado firme, 
mente dentro de un Congreso como el del año 26. 

Existía la legislación secular heredada de España, co- 
nocida con el nombre de Leyes de Indias, y desde ella 
hasta el momento de la Independencia, esa tierra había 
sufrido transformaciones, encontrándola ésta en un estado 
precario sin que un criterio fijo dominara en la materia. 

Las ideas que acababa de desarrollar Rivadavia, como 
Ministro, en su notorio decreto de i.** de Julio de 1822 
y como Presidente luego en las leyes de 15 de Febrero 
y 18 de Mayo de 1826, por las cuales quedó suprimida 
la venta de las tierras públicas, mandándolas dar en enfi- 
teusis, como asimismo la iniciación en los estudios de la 
Economía Política que empezaban á enseñarse, no aquí, 
sino en la Universidad de Buenos Aires, no eran todavía 
comprendidos, en toda su extensión, sino por un diminuto 
grupo de pensadores, á cuyo frente estaba el distinguido 
expositor de la ley del año 26 el doctor don Julián S. 
de Agüero. 

No se sabía aún cuál sería el mejor sistema para fundar 
la nacionalidad, en lo que á la tierra pública se refería, 
porque su solución no dependía solamente de principios 
económicos, sino de la situación en que se hallaban las 
cosas, como hechos consumados, que se alegaban, y que 
ponían en conflicto á las cabezas dirigentes de la socie- 
dad. 

En este estado, una de las primeras medidas del Go- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 11 

bienio Nacional, surgido de la revolución por la Inde- 
pendencia, fué la de. dirigirse á la Asamblea Constitu- 
yente en demanda de una solución que estableciera el 
verdadero criterio con que se resolvería cuestión tan 
ni.igna é importante. 

La cuestión era muy seria y los espíritus no estaban 
Jel todo preparados para resolverla, sobre todo cuando 
tenían, en esos precisos momentos, que estudiar princi- 
pios constitucionales, para entregarnos la Carta Funda- 
mental que recién habría de presentarse, de carne y hueso, 
^n 1830. 

Pocos eran los hombres de la época, de espíritu pre- 
parado, para abarcar el estudio de tan graves cuestiones 
Descollaban las figuras de José Ellauri y de Santiago 
Vázquez, Diputados por Montevideo y Maldonado, res- 
pectivamente, siguiéndoles, aunque en un orden secun- 
dario, por aquel entonces, los señores Julián Alvarez ( i ), 
Lázaro Gadea, Francisco Antonio Vidal, Alejandro Clui- 
^arro, Miguel Barreiro, Solano García, Ramón Ma- 
5Íni, Luis Lamas y Antonio Domingo Costa, que lo eran, 
respectivamente, por San José, Suriano, Canelones, Co- 
lonia, Montevideo y Paysandú. 

Su atención estaba absorbida por el trabajo de orga- 
nización del país. Se dedicaban á aquello de más inme- 
diata y urgente aplicación, cual era : la administración 
de justicia, el régimen aduanero, la liquidación de la 



(i) Esteno pudo destacarse, porque, por circunstancias muy espc- 
<:iales, renunció. La renuncia no le fué aceptada. Él insistió ; y Li 
Asamblea adoptó el temperamento de relevarlo de asistir á las sesiones 
mientras se discutiera el Proyecto de Constitución. (Actas del 19 de 
Junio y 2 de Julio de 1829). 



12 ALBERTO PALOMEQUE 

deuda pública, la manera de pagarse á los militares pri- 
sioneros y la discusión de la Carta Fundamental. 

Preocupada la Asamblea General Constituyente de estas 
vitales cuestiones, resultó que el tiempo fué escaso para 
ello mismo. No había elementos bastantes para dedicarse 
á la tarea, y el vital é interesante problema de los po- 
seedores de tierras, ahí quedó, librado al criterio guber- 
nativo. 

El 22 de Enero de 1829 el Gobierno había mandado 
suspender toda tramitación en la solicitud de Lebrún 
hasta la resolución de la Asamblea y mientras se dicta ni 
la ley de enfiteusis, diciendo el doctor Alsina, Fiscal enton- 
ces, que le devolvía sus títulos para que pueda usar de ellos 
en el JuT^gado del Rosario, La Cámara de Apelaciones re- 
solvió lo mismo que el Gobierno, en 11 de Diciembre 
de 1829 (f. 23 I.* Pieza) y 12 de Diciembre de 183 1. 

2. La acción legislativa y administrativa 

Mientras tanto, la Asamblea nada resolvió, y el Go- 
bierno, que quería conciliar los derechos de los posee- 
dores de tierras públicas, se vio apurado, en más de una 
ocasión, en presencia de las órdenes de desalojo que pro- 
nunciaba la justicia. Nunca la Asamblea se ocupó de la 
cosa, y quedó librada á la acción de los Tribunales la 
resolución de las cuestiones de esta naturaleza. No se 
pronunció ley alguna que declarara el valor que tenían 
los títulos expedidos por Artigas en 181 5. Vino, si, la 
ley de enfiteusis de 14 de Mayo de 1833, desconociendo 
el carácter de propiedad en aquellos que no tenían po- 
sesión por más de 20 años. Ni Lebrún ni Amores la 
tenían, luego no eran dueños. Sólo tenían derecho á la 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE IB 

enfiteusis. Ningún Gobierno pudo darles título de pro- 
piedad, ni aun con arreglo á la ley del 35. 

Pero, esto era en el supuesto de tratarse de tierra 
publica. Resultó que no lo era. Esas leyes, pues, eran 
inaplicables, como también el recuerdo histórico que nos 
hace el adversario del decreto de fecha Diciembre 25 
de 1833, suscrito por Rivera, Oribe y Lucas y Obes, 
que dio motivo á una de las tantas reclamaciones del 
Gobierno de Buenos Aires ( i ), referente, exclusivamente, 
á las tierras públicas, fundado en el deseo del Gobierno 
de adoptar « una medida que cortara de todo punto la 
peligrosa lucha entre poseedores y propietarios de terrenos 
abandonados en el curso de la revolución^ asegurando á 
aquéllos el tranquilo goce de lo que hubieron de la mano 
del tiempo y las circunstancias, sin defraudar á éstos del 
derecho que pueda competirles por cualquier título legí- 
timo ». Ni Amores ni Lebrún habían abandonado nada du- 
rante la revolución. Ellos compraron derechos ilusorios, 
como ya veremos. 

El Gobierno se constituyó garante, abusivamente, del 
mantenimiento de dichos poseedores en el goce de sus ad- 
quisiciones, pero, en seguida, cuando se presentaron las 
discusiones judiciales y administrativas, adoptó la resolución 
de declararse incompetente para resolver el asunto, por 
ser contencioso, mandando que ocurrieran á los Tribu- 
nales, únicos jueces competentes para ello. Y, aún asi- 
mismo, ese deseo del P. E. de favorecer á los poseedores 
no era arbitrario. Tenía su limite. ¿ Cuál ? « El derecho 



( I ) Véase Estudios Jueranos y políticos del doctor don Andrés Lanus, 
edición de 1877, Buenos Aires, páginas 139 y 447. 



14 ALBERTO. PALOMEQUE 



m de los propietarios supuestos ó verdaderos, en los tér- 
« minos que con ellos mismos se estipularen, habida 
« consideración al mérito de las personas y urgencias del 
«Erario Nacional», decía aquel decreto. Este decreta 
que usurpaba facultades legislativas, en nada ñivorece, 
como se ve, las pretensiones contrarias. 

El decreto pertinente á la cuestión es el de Abril S 
de 1835, en el que, hablándose especialmente de los po- 
seedores de las tierras denominadas de Alzaibar, Alvín, 
Almagro, Mila de Roca, Crumbe, HuérfanaSy Higueritas, 
Camacho, Alzaga y otras se nombraron cuatro Comi- 
siones especiales, compuestas de dos vecinos hacendados, 
ó propietarios, de cada uno de los Departamentos á que 
pertenecieran las tierras designadas, y de un agrimensor 
titular, «para que procedan y practiquen», decía, «eldes- 
« linde y reparto de ellas, con arreglo á las instrucciones 
« que el Instituto Topográfico les con\etía por separado 
« en la parte que les corresponda. En los casos de opo- 
« sición entre los linderos, por dudas ó dificultades que 
« ofrezcan ¡a adjudicación parcial de las posesiones, las 
« Comisiones, decía este decreto, quedan especialmente 
« autorizadas para proponer avenimientos ó conciliaciones 
« que consulten los intereses recíprocos de los que litiguen, 
« y los del Erario á la vez, remitiendo a la resolución del 
« Gobierno cualquiera cuestión que no pueda tran:(arse por 
« estos medios y para que recaiga la providekcl\ que 

« CORRESPONDA. » 

El Gobierno se reservó el derecho de resolver el punto, 
dictando la providencia que corresponda^ como se ve. Esto 
fué lo que dispuso el decreto del Presidente Oribe, sus- 
crito por su Ministro don Francisco Llambí, de fecha Abril 
8 de 1835, que tenía muy en cuenta los contratos hechos 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 15 

por los poseedores de esas tierras, que, por retrovención,. 
compra ú. otros títulos se habían mandado enajenar por 
disposiciones anteriores. 

La Comisión nombrada para el Departamento de la 
Colonia, en ese mismo decreto, compuesta de don José 
Rolan y don Bonifacio Figueredo, se expidió, como 
consta de los autos archivados en la Escribanía de Go- 
bierno y Hacienda, No pudo arreglar á los Amores y 
Lebrún. Entonces dio cuenta al Gobierno, y éste, que 
ya había celebrado su contrato con Roguín, y que co- 
nocía el arreglo pactado entre Lebrün y Roguín^ entre el 
poseedor y el propietario, resolvió, adjudicando a Lebrún 
ese campo, en uso de facultades propias y de la que se 
había reservado, como hemos visto, en el decreto citado. 
Recayó la providencia que correspondía I 

Este es el único decreto pertinente. Los demás, como 
ser la ley de 17 de Marzo de 183 1, que autorizó la 
venta de las tierras públicas, en remate, previa tasación,, 
y su decreto respectivo de 24 de Abril del mismo, nom- 
brando la Comisión para establecer el orden déla venta; 
el Acuerdo de Enero 13 de 1832, declarando que el 
Gobierno no ha dado orden alguna para desalojar á \o'3 
que ocupan terrenos que no son suyos, y pidiendo á la 
Excma. Cámara de Justicia suspendiera la tramitación dé- 
los expedientes por desalojo ; el de Febrero i.** de 1832^ 
ordenando asentar en los Registros de la C. Topo- 
gráfica todas las denuncias de tierras públicas, señalando- 
el término para concluir sus trámites, que fué prorro- 
gado más tarde, por los decretos de Abril 2 y Di- 
ciembre 22 de 1832; la ley de 17 de Mayo de 1833 
sobre enfiteusis;el decreto de Abril 4 de 1855 sobre 
denuncias de campos; la ley de Junio 20 de 1835 au- 



16 ALBERTO PALOJtfEQUE 



torizando la enajenación de los terrenos poseídos en 
eníiteusís á flivor de los poseedores que los solicitasen ; 
!a ley de 30 de Abril de 1835 sobre denuncia de sobras 
de campos y pago de los poseídos durante más de 20 
y 40 años respectivamente, interpretada, más tarde, por la 
de Abril 8 de 1857; existentes todos ellos á la época de 
vender el Gobierno al señor Lebrún, en 23 de Octubre 
de 1838, el campo en cuestión, en uso de facultades 
propias, como se ha visto, nada tienen que ver con la 
cuestión que se ventila. Por lo demás, si esas leyes fue- 
ran á aplicarse tendríamos que, de acuerdo con la pro- 
pia sentencia del doctor Álvarez, pronunciada en 1867, 
que cita el adversario, el señor Lebrún no ha tenido 
necesidad de obtener la escritura del Gobierno para ser 
dueño. En efecto, he aquí lo que dice esa sentencia : 

(( Considerando : Que la circunstancia de no haberse 
<c aprobado la mensura por el Gobierno ni haber éste es- 
criturado á los poseedores don Francisco y don Luis las 
fracciones D. y la parte de la A. no comprendida en la 
escritura de f. 25 á 35, según aparece del expediente 
respectivo que forma la 5." pieza de los autos acom- 
pañados, no debe obstar á que se consideren vendidas di- 
chas áreas á los expresados don Francisco y don Luis, 
conforme al decreto de 1842, antes citado, atento á que 
la mensura y escrituración no fueron puestas como condi- 
ciones de la venta sino como medios de llevarla á debido 
efecto y documentar ci los compradores^ lo que basta para 



( I ) Los decretos de 23 de Noviembre, 3 y 22 de Diciembre de 1831 
€ran inconstitucionales y cayeron en desuso. ( Alberto Márquez, tesis, 
página 169, nota). 



ACTOS <JUBERNATiyOS DEL GENERAL ORIBE 17 



« qm se le tenga por perfecta en la designación que se hi:(o 
<( del precio y el reconocimiento de ¡a posesión. Leyes 6, 
«título 5.°, partida 5.^ y 4,*, título 18, partida 5.*.» 

Tenemos, pues, que, de acuerdo con esa cosa ju:(^gada^ 
invocada, á cada rato, por el contrario, Lebrún es dueño 
desde 1838, aunque no se le hubiese escriturado ni men- 
surado el campo, desde que los Amores, en 1867,10 eran, 
según esa sentencia ; á quienes, no sólo no se les había 
escriturado sino que aun no se había aprobado la men- 
sura, con violación del artículo 8.° de la ley de 30 de 
Abril que disponía, que « toda denuncia, después de ad- 
<( mitida, para que se considere subsistente, deberá ser dili- 
« genciada hasta la conclusión y despacho del título corres- 
« pondiente, dentro del término de ocho meses , si no es 
« que obtuviese prórroga con causa justificada de entor- 
« pecimientos involuntarios, que hubieran ocurrido. » 

La aplicación de las leyes de tierras públicíis demos- 
traría, además, que ningún derecho podría reclamar quien 
se presentó denunciando, en 1832, lo que ya estaba de- 
nunciado en 1829, careciendo, por otra parte, de todo 
título, no ya de propietario, sino de posesión, como es- 
pero demostrarlo en seguida, en la parte que consagro á 
los documentos invocados por uno y otro litigante como 
emanados de la época del General don José Gervasio Ar- 
tigas. 

3. Las donaciones de Artigas 

El General Artigas « desde la evacuación de las tropas 
« de Buenos Aires hasta que no se produjeron las inva- 
« siones de los portugueses », dice un joven escritor 



o 



18 ALBERTO FALO MEQUE 



uruguayo, había promulgado un Reglamento Previsorio de 
la Pravincia Oriental para el fomenta de su campaña y se- 
guridad de sus hacendados. Por él estaba autorizado el 
Excmo, Cabildo para donar las tierras baldías, como asi- 
mismo sus Comandantes militares ocultados para otorgar 
« permisos para jx)blar, que sólo constituían una prueba 
« para acreditar la posesión del campo en donde se per- 
« mitió poblar ^ ( i ). 

Fundado en ese Reglamento Provisorio de 1815, el Al- 
calde Provincial «distribuía terrenos», limitándose á «fo- 
« mentar con bnizos útiles la población de la campaña», re- 
visando, (( en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos 
« disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con 
u prevención que los más infelices serán los más privile- 
ii giados.yi En consecuencia, « los negros libres, los zambos 
M de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos 
« podrán ser agraciados con suertes de estancia. » Pero, para 
hacer esa donación era necesario apersonarse al señor 
Alcalde Provincial, ó á los subalternos de los partidos, 
para que, previo informe de aquél al Gobierno de Monte- 
video, éste legitimara la donación en la forma que esti 
mará más conveniente, siendo los agraciados, sin embargo, 
puestos en posesión desde el momento que se hiciera la 
denuncia por el señor Alcalde Provincial ó por cualquiera 
de los subalternos de éste, y estando obligados aquéllos 
á formar un rancho y dos corrales en el término pre- 
ciso de dos meses, so pena de nulidad. Los terrenos re- 
partidos eran los de los emigrados, malos europeos y 



( I ) Propiedad ieniloiial, por cl^doctor don Alberto Márquez, píi- 
gina I4S. 



¡■ 

ACTOS GÜBEENATIVOS DEL GENERAL ORIBE lO 

peores americanos que hasta esa fecha no se hallasen in- 
dultados por Artigas para poseer sus antiguas propieda- 
des. La gracia podía recaer sobre una extensión de legua 
y media de frente y dos de fondo, « en la inteligencia 
« que puede hacerse más ó menos extensiva la demarcá- 
is ción, según la localidad del terreno .» Los agraciados 
no podían « enajenar ni vender estas suertes de estancia, 
a ni contraer sobre ellas débito alguno, bajo la pena de 
« nulidad, hasta el arreglo formal de la provincia^ en que 
« ella deliberara lo conveniente. » 

Este Reglamento Provisorio se promulgó de acuerdo 
con el Cabildo de Montevideo, respetándose así su au- 
tonomía, y muy especialmente la prudentísima práctica 
legal observada hasta entonces de no poderse enajenar 
ninguna parcela de tierra realenga sin el informe previo 
del Cabildo respectivo. Esto lo respetó el General Ar- 
íig^S y ^í Cabildo de Montevideo, celoso, como todos 
los de la época, y con especialidad éste, como lo reve- 
lan sus actas originarias, así lo autorizó, de cornún acuerdo 
con el señor Alcalde Provincial don Juan León y don León 
Pére:(^, delegados con este fin, en el Cuartel General á lo 
de Septiembre de 1815, legalizando, en ese momento, 
las donaciones anteriormente hechas, siempre que los in- 
teresados recabaran, por medio del señor Alcalde Provincialy 
su legitimación, en la manera arriba expuesta, del M, L 
Cabildo de Montevideo. 

De acuerdo con este Reglamento Provisorio, el Co- 
mandante Militar don Juan A. Lavalleja y el señor don 
Manuel Duran, delegado éste del Excmo. Cabildo de 
Montevideo, agraciaron á Lorenzo Ruy Díaz con la ex- 
tensión de campo «entre el Miguelete y San Juan, 
« siendo dicho terreno la barra del Miguelete hasta la pi- 



20 ALBERTO PALOMEQÜE 

. — — T 



• ■*•> 



« cada de Sena y por San Juan hasta la cañada del Tala, 
« que hace barra para arriba del paso de Tranquera. » 

Lavalleja, al hacer la gracia dijo: «tdme posesión 
a hasta la determinación del Gobierno de la Provincia, para 
«en caso de verlo sea acreedor d ella», y Duran «dio 
«esa posesión en norribre del -Gobierno», (f. i, 2 y 3 
de los autos existentes en la Escribanía de Gobierno v 
Hacienda, tomo i.°). ' . 

Este Ruy Díiz era uno de esos desheredados de la 
fortuna, de los más infelices, para tener derecho -á ^er 
mis privilegiado, como decía el Reglamento citad^. -Su 
color le había hecho nacer esclavo, pero- había conquis- 
tado su derecho á ser libre con el esfuerzo de su brazo, 
luchando por la Independencia de la Patria. Era uno de 
esos tantos seres anónimos, que mueren como mártires, 
en holocausto á una gran idea. Prisionero de los por- 
tugueses, durante la guerra homérica; allá murió,, en la 
Colonia, encerrado en una de sus casa-matas. Quedó su 
viuda, que, á no haber adquirido ese derecho por herepcia, 
habría podido conquistarlo ú obtenerlo por su calidad de 
viuda libre, servidora de la causa americana, de acuerdo 
con el artículo del Reglamento Provisorio citado. Los ser- 
vicios del antiguo esclavo, que, como Páez, en Colombia, 
dio á su Patria días de gloria, aunque, muriendo anó- 
nimamente, fueron los que tuvo en cuenta el M. I. Ca- 
bildo de Montevideo para confirmar, en 1823, la dona- 
ción que en 18 15 había hecho el Comandante Militar 
Lavalleja. No hay que olvidar que el Cabildo, aunque 
aparentemente acatador de la situación política porque 
atravesaba el país, sometido á la dominación extranjera, 
trabajaba, precisamente en ese año 23, por levantar 
cuantiosos empréstitos para subleváí la campaña á favor 



ACTOS GUBERÍTATIVOS DEL GENERAL ORIBE 21 

*> 

del sentimiento criollo. Nada extraño, pues, que en 1823 
confirmara lo que en 1815^ había hecho el Coma^diftilte 
Militar don Juan A. Lavalleja. 

El procedimiento que observaba el M. I. Cabildo de 
Montevideo era el que considerase más convenierite á ¿/, 
decía el Reglamento Provisorio. De ahí que al autorizar 
toda concesión decía : sin perjuicio de quien m^jor lo tenga. 
Por eso se ha sostenido que esas donaciones tienen fuerza 
legal cuando no se encuentran frente á frente de un le- 
gítimo dtieñOy á quien se hubiera otorgado la propiedad, 
antes de hacerse la gracia ; pero, que si ésta « se efectuó 
« con todos los requisitos de citación de linderos, cons- 
« tancia de estar baldío y fiscal el terreno, registro en 
« el libro correspondiente, etc., ¿ p&r qué se ha de negar 
« validez al título respectivo? Negar la validez á títulos de 
« la época de Artigas, y expedidos en los casos y de 
« acuerdo con lo manifestado, dice el escritor citado, es 
« rechazar de plano todo lo obi'ado por el fundador de 
« nuestra nacionalidad I » ( i ) 

Nadie ocupaba ese terreno alegando fnejor derecho, in- 
vocando un título de propiedad concedido por las auto- 
ridades del coloniaje. Nadie se había presentado, hasta 
entonces, hay que recordarlo bien, invocando ese mejor 
derecho, por lo que el terreno era considerado baldío. 
El mismo Amores invoca, no un título de propiedad 
emanado de las autoridades españolas, expedido de 
acuerdo con las leyes de Indias, sino una donación ema- 
nada de la misma autoridad del General Artigas, que 



% 



I 



» 

i' 



( I ) Bosquejo de nuestra propiedad territorial, por el doctor don Al- 
berto Márquez, páginas 141 á 145. 



22 ALBERTO PALOMEQUE 

dice haber comprado d Francisco de Paula Esteban y á 
don Francisco Morales en 1823. 

El origen, pues, de los títulos, es el mismo. Si válido 
es uno, válido es el otro, suponiendo que los Amores 
hubiesen poseído desde 1823, como han asegurado, y 
que la posesión la obtuvieran del M. I. Cabildo de Mon- 
tevideo, circunstancias que nunca probaron y que no po- 
drían probar jamás, porque esa donación no la iba á 
hacer ni la iba á confirmar el Cabildo tratándose de un 
servidor de los portugueses, que cayó prisionero en una 
guerrilla, y que conducido á Montevideo fué enviado á 
purgar su delito á la Isla de Ratas, 

Los Amores, como Lebrún, hay que decir la verdad, 
son unos simples compradores de unos derechos, más ó 
menos legítimos, sin que puedan invocar esa compra, 
porque el artículo del Reglamento Provisorio de 181 5 
decía que los agraciados « no podían enajenar ni vender 
« estas suertes de estancias, ni contraer sobre ellas débito 
« alguno, bajo la pina de nulidad, hasta el arredilo for- 
<( mal de la Provincia^ en que ella deliberaría lo C07we- 
« niente, » 

4. £1 M. I. Cabildo de Montevideo . 

Artigas no triunfó. Fué vencido. Las donaciones ahí 
quedaron, en el papel. Los campos estuvieron abandona- 
dos, hasta que un día, tanto Lebrún, como los Amores, 
se posesionaron de ellos, el uno dice que en 1823, y el 
otro que en 1829, á título de compra de esas donacio- 
nes, que es como si nada hubieran comprado. Lo único 
que podían alegar pues, era su derecho propio de po- 
sesión, desde esos años, sin perjuicio de tercero, como 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 23 

-decía el M. I. Cabildo de Montevideo. Las donaciones 
eran, desde luego, ineficaces, porque ese mejor derecho 
de tercero existía. Los campos no eran del Fisco. Ya ha- 
bían salido de su poder, hacía mucho, desde 1777. Esta- 
ban vendidos, desde entonces, al Colegio y Hospicio de 
■las Huérfanas, por real cédula de 12 de Marzo de 1777. 
Y, como si esto no fuera bastante, el Gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata los había enaje- 
nado, en 1827, á un señor don Domingo Roguín, en 
uso de facultades propias, reconocidas por el Gobierno 
de la República. 

Los poseedores, pues, de la Calera de las Huérfanas, 
donde tuvo su campamento Artigas el año 13, en mo- 
mentos que se ponía á precio su cabeza por el Directo- 
rio de Buenos Aires, no tenían ningún derecho que 
alegar contra el verdadero dueño, aunque hubieran te- 
nido la posesión desde 1823 ó desde 1829. El señor 
Roguín era dueño desde 1827, y desde entonces discu- 
tía sus derechos ante las autoridades de la antigua Pro- 
vincia, según consta de las actuaciones obradas ante el 
Gobierno, en 1829, por el señor Lebrún. Ni Lebrún ni 
los Amores podían alegar prescripción, en presencia del 
título de 1777 y 1827. Ambos carecerían de todo de- 
recho, como se ve. En prueba de ello, vino el convenio 
con el Gobierno, y Roguín se comprometió á vender á 
los poseedores. El Gobierno no tenía ningún derecho 
de propiedad. Hace un arreglo con Roguín; pero éste, 
prescindiendo, en esta parte, de lo convenido con el 
Gobierno, con ó sin razón, pues poco importa para el 
caso, procede á vender al señor Lebrún la extensión de 
tierra que era ma:eria de cuestión. Vendida, es indiscu- 
tible que el señor Roguín transmitió al señor Lebrún sus 



24 ALBERTO PALOMEQUE 

derechos de propiedad, poniéndole, además, en posesiói> 
de la cosa que el señor Lebrón tenía desde 1829, am- 
parada en ella por auto judicial desde 1833. Si el señor 
Roguin, al venderle su propiedad al señor Lebrún faltd- 
al convenio que tenía con el Gobierno, de venderle á 
éste, en tal forma, en las personas de los poseedores,, 
esa es una cuestión de daños y perjuicios que el Go* 
bierno ventilará con el señor Roguín sobre falta de 
cumplimiento al convenio con él. Si el señor Roguín 
era dueño, pudo vender á quien quisiera, sin perjuicio 
de las acciones que pudiera deducir contra él el Gobierno,, 
esencialmente personales, que no afectaban la enajenación 
hecha y la posesión dada. 

Dueño, desde ese momento, el señor Lebrún, por 
haber consolidado su título, no ha tenido necesidad de 
ocurrir al Gobierno ni á ninguna autoridad en demanda 
de título, porque el Gobierno no podía darle lo que ya 
no era suyo desde el 12 de Marzo de 1777 y desde 
1827, en que salió el campo del dominio fiscal y en 
que reconoció la propiedad á fevor del señor don Do- 
mingo Roguín. Ha debido limitarse á su posesión desde 
1829, en ella mantenido por orden judicial, y así trans- 
mitida por el verdadero dueño del campo. 

5. El Presidente Oribe y su Ministro Villademoros 

Pero, no se contentó con esto. Después de todo se 
dirije al Gobierno y le pide lo que éste no tenía nece- 
sidad de darle: un dominio que ya tenía consolidado. 
El Gobierno, después de tareas y dificultades opuestas 
por los Amores, le manda otorgar el título de propie- 
dad. Los Amores dicen : « eso es indigno ; no ha podid 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 25 

a el Ministro del señor Presidente de la República, Ge- 
« neral don Manuel Oribe, otorgárselo, porque en esos mo- 
a nientos se preparaba para descender del mando. »' ( i } 
El nuevo gobernante, que entraba al Gobierno por obra 
de una revolución, por el empuje de su lanza, supo im- 
poner á sus pasiones políticas la línea de conducta, 
digna y respetuosa, que ¡ ojalá ! hubiera servido de mo- 
delo siempre, reconociéndose así la estabilidad de los 
actos gubernativos, fuese quien fuese el que los realizara. 
A los que, después de más de medio siglo, pretenden 
ahora hablar á la pasión, para arrancarle una sentencia 
que produzca el resultado de perturbar derechos conso- 
lidados durante cerca de setenta años, sin darse cuenta 
del perjuicio que causarían á los grandes intereses ya 



( I ) Las expresiones del decreto del Presidente Oribe eran las si- 
guientes : 

« Ministerio de Gobierno. 

a DECRETO 

« Montevideo, Octubre 24 de 1838. 

^ « Habiendo elevado el Presidente de la República su resignación á la 
« Asamblea General, el Gobierno ha acordado, y decreta: 

« Artículo i.° Para el caso que se admita la resignación, quedan au- 
« torizados los Jefes de las Secretarias, interinamente, para todos Ips 
« actos que deban tener lugar después. 

« Art. 2.* Comuniqúese y dése al Registro Nacional. 

ir ORIBE. 

« Carlos Villademoros. 

« Antonio Díaz. » 



26 ALBERTO PALOMEQUE 

arraigados y comprometidos, conviene recordarles lo 
que hicieron aquellos hombres, en los momentos más 
ardientes de la lucha, como ejemplo digno de imitarse 
por todos ios que tienen idea sana de lo que es admi- 
nistración pública. 

Se creyó entonces, como se ha creído ahora, que 
podría explotarse la pasión política. Cayó el General 
Oribe, y con él su ilustrado Ministro don Carlos G. 
Vill'ademoros, A la quinta de éste, durante el sitio, en- 
traban las onzas de oro, en bolsas, llevadas en carretilla. 
Era un ciudadano muy distinguido y apreciado, que, al 
día siguiente de la Paz de Octubre, se veía visitado por 
el omnipotente Ministro de la Defensa, el doctor don Ma- 
nuel Herrera y Obes, y por los más conspicuos adversarios, 
como testimonio del respeto que tenían por aquel á quien, 
en uso de un derecho y obedeciendo á convicciones pro- 
fundas, tanto habían combatido durante el asedio. El doctor 
Villademoros, hombre culto y juez recto, pudo rendir 
tributo á los errores humanos, en los momentos álgidos 
de una lucha cruenta ; pero su honradez se exhibió cuando, 
en el día de su muerte, su familia no tenía cómo cos- 
tear el ataúd donde al fin él iría á descansar de sus 
enormes fatigas. Los hombres de la Defensa no fueron 
de los últimos en honrar su memoria, considerando 
como un deber anotar sus nombres en la lista de sus- 
cripción levantada para pagar los gastos de la ceremonia 
fúnebre. De sus amigos políticos no hay que decir una 
palabra, porque es sabida la exagerada consecuencia que 
pagó siempre á sus convicciones, haciéndole, por lo 
mismo, figurar en primera línea. 

Bueno ha sido decir esto, ya que la reputación del doc- 
tor Villademoros, hijo de aquel que murió en las guerras 



ACT03 GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 27 

•de la Independencia Americana, en el Alto Perú, honrando^ 
junto con Garzón y Alegre, el estandarte del número 
II, ha sido tan maltratada en este juicio, sin funda- 
mento alguno y sin requerirlo la dignidad de la defensa. 

6. La actitud del vencedor en Palmar y el doctor 

don Gabriel Ocampo 

Acababa de triunfar el General Rivera. Se creyó en- 
tonces que sería dado explotar sus sentimientos de par- 
tidario, y se denunció, como indigno, el acuerdo guber- 
nativo de 1838 que declaraba dueño del campo á quien 
lo poseía desde 1829. Se dijo de nulidad por las mismas 
impertinentes é inconstitucionales observaciones que ahora 
se han aducido', puede decirse que i los sesenta años, 
con olvido absoluto de la cosa juzgada en materia ad- 
ministrativa y de lo que por aquel entonces opinaron 
las eminencias jurídicas que dominaban en el escenario 
gubernativo. No ; no con olvido absoluto, sino con in- 
tención preconcebida, porque se ha ocultado esta parte 
importantísima, decisiva, de la cuestión, en la minuciosa 
-exposición que se ha hecho de las constancias resultan- 
tes de los once cuerpos de autos que están archivados 
en la Escribanía de Gobierno y Hacienda. He estudiado 
•detenidamente esos autos, para venir, ahora, á exponer, 
ante V. E., todos estos antecedentes que se han desnatu- 
ralizado, en la creencia, sin duda, que nadie iba á revisar 
aquellos in foliOy porque, como se ha dicho, se necesita 
una paciencia benedictina, y agregaré, una buena y com- 
pleta vista como para leer aquellos manuscritos de ahora 
setenta años atrás. 

¿ Qué dijeron entonces los hombres del partido del 
General Rivera y sus Ministros consejeros? 



28 ALBERTO PALOMEQUE 

Va á saberlo V. E. 

El ilustrado jurisconsulto don Gabriel Ocampo se ex- 
presaba, en Septiembre 24 de iS}^, de esta manera : 

« Excmo. señor : — Sin embargo de que las reclamacio- 
nes sobre que debia expedirse el Fis:al están circuns- 
criptas no al fondo de las cuestiones que han agitado los 
interesados en los once expedientes que se le han pa- 
sado en vista, sino á la apelación y nulidad deducidas á 
fs. 6^ y 65 del cuerpo corriente, ha examinado todos 
los autos con el cuidado y detención que exigía ui> 
asunto envejecido y complicado : y por resultado de sus 
investigaciones ha obtenido el convencimiento de que 
V, E. debe confirmar el superior decreto de f. 61 del 
expediente citado, no haciendo lugar á los recursos en- 
tablados, sin expresa condenación de costas. Asi lo pide 
el Fiscal en cumplimiento de su oficio, fundándose en 
las breves observaciones que pasa á indicar. Don Manuel 
Correa, como representante de don Pablo Quintana, don 
Francisco González Amores y doña Francisca Quirós, se 
presentó á V. E. á f. 63 del expediente número 11 y 
pidió se le otorgase apelación del decreto recordado para 
ante el Juez de Hacienda; pero el Fiscal cree que tal 
recurso debe ser absolutamente denegado por su notoria 
ilegalidad. La apelación debe interponerse del Juez menor 
al mayor, y no descubre el Fiscal cómo pueda apelarse de 
un decreto del Gobierno para ante un empleado que le es 
inferior en todos respetos. V. E. no ha obrado como Juez 
sino en su carácter de jefe superior de ¡a Administración 
General de ¡a República. Sus procedimientos, como tal, 
no están sujetos á las ritualidades de los juicios ni á los 
recursos graduales que otorgan las leyes contra los actos 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 29 

-de los Jueces. Sus atribuciones le son priv«itivas por ía 
Constitución, y por pretexto alguno puede participar de 
ellas ningún miembro de la magistratura. El Juez de 
Hacienda, que no tiene jurisdicción para conocer y juz- 
gar las providencias del Ejecutivo, que carece de una 
misión constitucional al efecto, y, en fin, que le es in- 
ferior, aunque independiente en el ejercicio de sus 
funciones, es incompetente para recibir el presente re- 
curso, de consiguiente, la apelación es ilegal, y debe ser 
desestimada, si es que en concepto del Gobierno tienen al- 
guna fuerza los principios indicados. Tampoco debe de- 
clararse la nulidad alegada por don Luis González Amo- 
res en su escrito de f. 65 cuaderno corriente. El funda- 
mento único con que apoya tal solicitud está tomado 
de la situación en que se encontraba la anterior Admi- 
nistración cuando expidió la resolución reclamada. Ella 
fué expedida, dice González Amores, cuando estaba ya 
pactado por sus Comisarios su descenso del mando; cuando 
ienía hecha formal renuncia del mando ante el Cuerpo Le- 
gislativo; cuando y por consiguiente^ ya no debía ejercer acto al- 
guno gubernativo, Pero, estas consideraciones, que parecen 
incontestables á la parte, ninguna fuerza tienen en la opi- 
nión del Fiscal, ninguna influencia en la validez ó nuli- 
dad del decreto enunciado. Aun reconociendo todos los 
hechos que enumera González Amores, la precedente 
Administración pudo obrar válidamente en todos los ne- 
gocios de la competencia del Ejecutivo. Para perder la 
investidura de tal y el ejercicio de las funciones que le 
están anexas por la Constitución, no bastaba su resolución 
á descender del mando ni su renuncia á las Cámaras : 
era preciso que éstas aprobaran la una y aceptaran la 
otra: era preciso que esa investidura se extinguiera en la 



30 ALBERTO PALOMEQUE 

persona del General Oribe del mismo modo que se ha- 
bía constituido y conferido ; y, de consiguiente, antes que 
las Cámaras se hubiesen pronunciado él conservaba la re- 
presentación y los poderes de Presidente de la República 
y pudo resolver, legalmente, éste y, cualquier otro asunto 
del resorte del Ejecutivo. Diariamente vemos que los 
Jueces renuncian sus empleos, y á nadie le ha ocurrido 
que desde aquel momento no pueden funcionar en este 
carácter ni entender en los negocios de su repartición. 
Hay una diferencia muy notable entre desear separarse 
de un destino, y el acto mismo de la separación : lo uno 
priva al empleado de las fa:ultades que le atribuye la 
ley, pero lo otro le deja en posesión, puesto que no 
puede despojarse de ellas á su arbitrio. El decreto que 
cita González Amores para hacer resaltar la nulidad, nada 
prueba en concepto del Fiscal. Está contraído á ciertos 
y determinados actos, en los que se encontró, sin duda^ 
la presente Administración, algo que reclamase su casa- 
ción; pero este hecho no basta para resolver, en un 
sentido ú otro, una cuestión de principios. Sería necesaria 
una resolución general que sirviese de regla en la calificación 
de los actos de la Administración anterior, y el Fiscal en- 
tiende que no se ha dado una que anule lo obrado por 
ella después de la renuncia del General Oribe. 

« Aun prescindiendo de todo esto, el Fiscal encuentra 
arreglado el decreto de que se trata, desde que los hech is 
sobre que se funda son ciertos y tales que pueden jus- 
tificarle en todos respectos, 

«Es indudable que Quintana renunció sus pretensiones 
al terreno en disputa en la diligencia de f. 42 del expe- 
diente número 2.*^; lo es también que don Francisco Gon- 
zález Amores fué vencido judicialmente por Lebrún, 



A€TOS GUBERNATIYOS DEL GENERAL ORIBE 31 

obteniendo éste el decreto de amparo que se ve á f. 40 
vuelta del expediente número i ; lo es asimismo que don 
Pedro Solano, de quien descienden • los derechos que pre- 
tende don Luis González Amores, desistió de sus preten- 
siones á f. 35 vuelta y que fué condenado en las costas 
por el decreto de f. 41 vuelta del cuerpo de autos nú- 
mero 2 ; y en fin, lo es igualmente que la compra que 
hizo al Gobierno don Pedro Antonio La Serna, autos de 
don Luis, fué posterior de algunos meses d la celebrada 
con Lebrún. Desde entonces, el Fiscal piensa que el de- 
creto tantas veces citado es justo, que el derecho que él 
declara á Lebrún fluye naturalmente de los hechos sobre 
que está basado; y que el Gobierno, obrando en justicia, 
no pudo pronunciarse en otro sentido. Los derechos que 
aparecían más atendibles entre todos los deducidos con- 
tra Lebrún eran los de don Luis González Amores, no 
por otra razón que por fundarse en títulos obtenidos del 
mismo Gobierno ; pero respecto de este interesado, el 
decreto reclamado hi:(0 tal ve:(^ más de lo que podía esperar^ 
atendidas las circunstancias de la compra. Se le ha recono- 
cido llanamente el derecho á ser indemni:(adOy cuando al 
Fiscal no le habría sido muy difícil pretender que ni aun 
á esto se hallaba obligado el Gobierno, por la presunción de 
que la compra fué arrancada por sorpresa; y la parte 
debe quedar satisfecha con un resultado que, si le priva 
de una ganancia^ no le causa daño alguno. 

« Fuera de esto, habiendo vendido el Gobierno un mismo 
terreno d Lebrún y La Serna, no podía hacer otra cosa más 
honorable y justa que reconocer el vicio de la segunda 
compra, y ofrecer al interesado la correspondiente in- 
demnización. Si esto no tranquiliza á Amores hijo, si 
piensa que á pesar de la posterioridad de su compra 



32 ALBERTO PALOMEQUlí 



debe ser preferido á Lebrón, puede deducir sus derechos 
ante los Tribunales, pero no impedir que el Gobierno reco- 
no:^ca, de buena fe, tina equivocación, y cumpla su primer 
compromiso, el contrato en que primero obligó su fe y su 
palabra. 

«El Fiscal entonces se hará un honor en sostener hi 
justicia de los actos del Gobierno y llevará á efecto la 
disposición que manifestó su antecesor en la vista de 
f. 33 vuelta, cuad. número j.*". 

«El Fiscal cree inútil ocuparse del contrato celebrado 
con don Domingo Roguín, ni del decreto por el cual 
se nombró la Comisión para la mensura y distribución 
del terreno denominado de las Huérflinas, pero dirá 
de paso, que ni uno ni otro ligaron las manos al Gobierno, 
y que, por consiguiente, pudo vender los campos que 
adquirió por . el primero á la persona que quisiera, ó 
que le ofreciera mejores condiciones. 

^En fuerza, pues, de todo lo expuesto, el Fiscal con- 
cluye en los términos del exordio, pidiendo al mismo 
tiempo que para poner un término legal á este retardado 
negocio, se mande pasar el expediente número 3.*" á la 
Comisión Topográfica á los efectos expresados en la vista 
final de f. 33 vuelta, y que evacuado su informe Se prac- 
tiquen las demás diligencias que indica la misma. 

«V. E. resolverá, sin embargo, como creyere más con- 
forme á derecho, mandando se reponga el papel de esta 
vista con el del sello correspondiente. 

fí Montevideo, 24 de Septiembre de 1858. 
'■ ^ V. Gabriel Ocainpo. )> 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 33 



7. La actitud del vencedor 

Aquí se establecía la sana doctrina. El fallo del Poder 
Ejecutivo no podía apelarse para ante el Juez N. de Ha- 
cienda. Todavía el estudio del Derecho Administrativo 
no estaba muy en boga en estas sociedades embriona- 
rias. Hoy mismo no está mucho más adelantada nuestra 
organización administrativa : pero, aun asimismo, se com- 
prendía que las resoluciones administrativas no podían 
.apelarse para ante un Juez Inferior. El Poder Ejecutivo, 
por la importancia que tienen sus actos y su propia dig- 
nidad, sólo es justiciable ante un Tribunal como la Alta 
Corte de Justicia, ó, por necesidad, como sucede entre nos- 
otros, por corruptela, ante el Cuerpo Legislativo de la 
Nación. Nosotros mismos, á la altura de civilización y 
progreso á que hemos llegado, aún carecemos de esta 
rueda necesaria en el mecanismo gubernamental. Apenas 
Vi en algunos casos, muy contados, como en cuestiones 
de ferrocarriles, hemos establecido esa jurisdicción admi- 
nistrativa con apelación para ante el Tribunal Superior 
de Justicia. Aún no hemos deslindado lo que es esen- 
cialmente administrativo para distinguirlo de lo contencioso 
administrativo y de lo administrativo judicial. En ninguna 
legislación se encontrará establecida la doctrina que pre- 
tendía sentarse de apelar para ante un Juez Inferior reso- 
luciones pronunciadas por el Poder Ejecutivo dentro de 
la órbita de sus facultades propias y constitucionales. 
5i de algún derecho se consideraba asistido el vencido, ó, 
más bien dicho, el que pretendía obligar al Estado á 
«celebrar un contrato de compraventa con él, pudo y de- 
bió ocurrir ante los Tribunales Ordinarios, demandán- 
3 



34 ALBERTO PALOMEQÜE 

dolo, como persona jurídica capaz de adquirir derechos^ 
y contraer obligaciones, por los daños y perjuicios pro- 
venientes de su obligación de hacer. A eso quedó redu- 
cida su acción, luego de pronunciada esta resolución. Y 
fué esto mismo lo que la autoridad judicial resolvió- 
cuando pretendió el recurrente imposibilitar la acción 
del Poder Ejecutivo, en 1862, para que no otorgara el 
título de propiedad á un tercero. Ni el Poder Judicial 
ni el Poder Ejecutivo le reconocieron otra acción, de- 
acuerdo con aquellas palabras del señor Fiscal : « que 
« entonces se hará un honor en sostener la justicia de los 
« actos del Gobierno y llevar á efecto la disposición que 
« manifestó su antecesor en la vista de f. 33 vuelta, cua- 
te derno número 3» » 

El Gobierno, representado entonces por don Luis E- 
Pérez, sostuvo la sana doctrina desarrollada por el señor 
Fiscal doctor don Gabriel Ocampo, y en 22 Enero de 1840- 
dijo: «Por los fundamentos que manifiesta el Ministerio 
« Fiscal en su vista precedente se confirma el superior de- 
« creto de /. íi, no haciéndose lugar, por lo mismo, á los 
« recursos entablados. En consecuencia, pase el expediente 
« número 3 á la Comisión Topográfica á los fines que 
« expresa la Vista Fiscal de f. 33 vuelta del mismo y eva- 
« cuado vuelva para proveer lo demás que corresponda. »- 

Ya va viendo V. E. cómo la autoridad moral del se- 
ñor Ministro don Carlos G. Villademoros, y la perso- 
nalidad de S. E. el Presidente de la República don Ma- 
nuel Oribe, salían ilesas cuando eran los propios adver- 
sarios, con agravios recientes, quienes discutían sus actos. 
Establecían, entonces, la prudente y constitucional doc- 
trina de respetar la solidaridad gubernativa, necesaria para 
la marcha de un país, mientras no hubiera. una ley que anu* 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 35 

lara lo practicado y una sentencia pronunciada por los 
Tribunales de la República. A éstos, en más de un caso, 
según consta de aquellos voluminosos expedientes, mandó 
someter la cuestión el Poder Ejecutivo, por considerarla 
contenciosa, mientras el Tribunal resolvía, en un princi- 
pio, contra lo que después reaccionó, que no tenía ju- 
risdicción alguna por tratarse de tierras que el Poder 
Ejecutivo, en uso de sus facultades propias, podía ena- 
jenar á quien quisiera sin sujeción á ley alguna, aunque 
padeciéndose una confusión. 

Es cierto que el Poder Judicial no puede invadir la 
atribución propia del Ejecutivo. Pero, cuando hay al- 
guien que discute la validez de ese acto realizado den- 
tro de la órbita de sus atribuciones, forzosamente tiene 
que existir un tercero que lo resuelva. En ese sentido, 
el Poder Judicial, ú otra autoridad creada en su lugar, 
tenía facultad para resolver el punto, como lo prueba 
este litis, en el que se está discutiendo la validez de to- 
das aquellas resoluciones administrativas, por lo que ha 
debido dársele intervención al Fiscal de Estado. 

Pero, no había sido suficiente la lección dada. No se 
contentó el adversario con el anterior decreto confirmando 
lo hecho por la Administración precedente, sino que 
vuelve á atacar, no ya, como se verá, el decreto del doc- 
* tor don Carlos G. Villademoros y del Presidente don 
Manuel Oribe, sino el que lo confirmaba de la Admi- 
nistración Rivera. El señor Fiscal, contestando á esa im- 
pugnación, que corre á f. loi, pidió al Gobierno rati- 
ficara, en todas sus partes, no ya el decreto del doctor 
Villademoros, sino el de 22 de Enero de 184O; produ- 
ciéndose en estos términos levantados. 



36 ALBERTO PALOMEQUE 



« Excmo. señor : 

(( El Fiscal ha examinado nuevamente este, negocio ; ha 
reconsiderado con toda la atención posible todas las ob- 
servaciones aducidas por parte de los individuos repre- 
sentados por don Manuel Correa y es de opinión : que 
V. E. debe ratificar en todas sus partes el decreto de 22 
de Enero de este año, rechazando todo lo que tienda 
d entorpecer su cumplimiento. Después de trazar Correa, 
en su escrito de f. loi, Pieza corriente, la historia de 
las muchas y complicadas pretensiones que hacen la ma- 
teria de los doce cuerpos de autos pasados al Fiscal, 
trata de probar que la autoridad que dictó el decreto 
de 23 de Octubre de 1838 carecía de facultades para 
resolver en aquellos momentos la cuestión que su repre- 
sentado seguía con Lebrún. El Fiscal no está conforme 
con las doctrinas que á este propósito se vierten en aquel 
escrito ; desaprueba especialmente la que hace depender 
la validez de los actos del Gobierno de otra cosa que del 
cumplimiento de las providencias que sanciona la Constitu- 
ción para hacer efectiva la responsabilidad del Presidente 
y sus Ministros; y no le sería difícil y costoso eviden- 
ciar su falsedad y los males que producirían á la causa 
pública, si por desgracia llegaran á prevalecer en los 
consejos del Gobierno. 

« Sin embargo, se abstiene de tomar parte en una discu- 
sión que cree innecesaria en el estado que hoy tiene este 
negocio. 

« V. E., cuya autoridad reconoce Correa, pronunció el 
decreto reclamado, y si tal providencia es justa, como lo 
piensa el Fiscal, debe ser ratificada sin pararse á exami- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 37 

nar la legitimidad y competencia de la que sancionó la 
de 23 de Octubre ya citada. 

« Se empeña en seguida Correa en probar que el supe- 
rior decreto de 22 de Enero es injusto ; apura, al efecto, 
todos los argumentos imaginables, pero, á pesar de sus^ 
esfuerzos, no ha conseguido su designio, en concepto del 
Fiscal. Ni era dable que lo obtuviese, no estando en su. 
poder desvirtuar los sencillos y evidentes fundamentos 
sobre que reposa el decreto citado. 

« Lo único que ha logrado Correa, con el esforzado es- 
crito que ha presentado, es dar á la cuestión un aire de 
dificultad que realmente no tiene, y esto es, á la verdad,, 
muy poco para decidir á V. E. á revocar ó modificar 
una resolución apoyada en los más claros é incontrasta- 
bles principios de justicia. 

a Omitiendo, pues, empeñarse en los largos é innecesa- 
rios debates que provoca el escrito de Correa, el Fiscai 
va á proponer las cuestiones pendientes en los términos 
en que deben ser consideradas por V. E., bien seguro 
de que el simple buen sentido le aconsejará la confirma- 
ción del decreto tantas veces recordado, desde que las 
examine reducidas á su última expresión. 

« El Gobierno vendió á don Domingo Lebrún, por de- 
creto 3 de Septiembre de 1834, el campo que hace la 
materia de la reclamación de Correa, y ordenó pasase la 
propuesta á la Comisión encargada de la administración y 
enajenamiento de las tierras públicas para la prescripción del 
contrato. Ésta produjo su informe el 22 del mes citado, 
y el mismo día el Gobierno mandó se aceptase la 
venta, con la calidad que Lebrún pagase de contado el 
precio de la tasación que debían ejecutar peritos nom- 
brados por ambas partes. 



38 ALBERTO PALOMEQUE 

« Estos hechos resultan comprobados en la pieza j.*, 
desde f. i á f . 5 vuelta. 

«En ir de Diciembre del propio año de 1834 don 
Pedro Antonio La Serna, cesionario de don Pedro So- 
lano, propuso al Gobierno un terreno que el cedente 
había denunciado en Septiembre de 1833 y comprendía 
parte del vendido á Lebrún, y la propuesta fué admitida 
por decreto del mismo día, según es de verse en la es- 
critura que encabeza el expediente número 11. 

« Supuesta la verdad de estos antecedentes, ocurre pre- 
guntar: ¿ cuál de los dos contratos debe ser sostenido 
por el Gobierno ? 

« El Fiscal no trepidó en opinar que el primero, y las 
consideraciones que ha deducido Correa, en su último es- 
crito, no pueden arrastrarle á cambiar de dictamen. 

« La buena fe que debe prevalecer en todos los actos 
del Gobierno, la circunspección y religiosidad que es pre- 
ciso prevalezcan en el cumplimiento de su compromiso, 
y las simples inspiraciones de la razón y de la justicia 
exigen la preferente observancia de los contratos en que se 
obligó primero ¡a palabra del Gobierno; y el Fiscal jamás 
se atrevería a sostener ^ por motivo de puro interés, que el 
Gobierno no puede hacer otra cosa; que le es lícito sepa- 
rarse, en materia de contratos, de las reglas eternas de la 
moral, ni observar, según éstos, otros principios que los 
que gobiernan las convenciones de las personas pri- 
vadas. 

« Lebrún compró al Gobierno un terreno del que podía 
disponer libremente, y desde aquel momento el comprador 
adquirió su dominio según el espíritu de nuestras leyes. Por 
ese contrato traspasó á Lebrún todos los derechos fisca- 
les á esa propiedad y ningunos quedaron al Estado que 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 39 

pudiera transmitir al segundo comprador. Si á pesar de 
esto, el Gobierno vendió á La Serna parte del terreno que 
ya no podía enajenar, bien fuese por los motivos expresados 
en el decreto de f. 8, cuaderno corriente, bien por otras 
que escapan al conocimiento del Fiscal, no quedó por 
ello disuelto el primer contrato ni V. E. sin la grave 
obligación de cumplirlo. Esa obligación subsiste hoy como 
-en el primer instante del contrato, y V. E. tiene que 
observarla detenidamente, salvando sa compromiso del 
linico modo que es dado hacerlo hoy: el propuesto en 
la vista anterior. 

« Tal es la resolución que en parecer del Fiscal debe 
-aconsejar á V. E. en la cuestión pendiente entre Lebrún 
y La Serna. 

a Por lo que hace á la que sostienen con el mismo 
Lebrún Quintana y don Francisco Amores, el Fiscal 
juzga que está reducida á investigar si éstos tienen algún 
derecho para obligar al Gobierno á venderles parte del 
terreno vendido al primero. Considerado bajo ese punto 
de vista, el Fiscal no ha encontrado un solo dato, un 
solo antecedente de que puedan deducir tan exorbitante 
derecho. 

« El Gobierno jamás se obligó á venderles los campos 
que disputan á Lebrún, ni menos á no enajenarlos á éste ; 
y no alcanza cómo pueda existir ese pretendido derecho 
sin una obligación que le sea correlativa. 

« Es un principio jurídico que nadie puede ser obligado 
á vender lo suyo y, mucho menos á una persona deter- 
minada; y, aunque tal principio sea de una constante 
aplicación respecto de los particulares, no debe tenerla, en 
concepto de Quintana y Amores, respecto del Gobierno. 

« ¿ Y por qué razón ? Porque manifestó en diversos actos 



40 ALBERTO PALOMEQUp 

el designio de mantener en los campos denunciados de- 
las Huérfanas á todos los que los ocupaban como pú- 
blicos por compra ó por cualquier otro motivo. ¡Qué- 
argumento tan frivolo é inconsistente ! 

« Esa manifestación no es un contrato, y sólo los con- 
tratos producen derechos y obligaciones. 

« Si, pues, no se alega convenio alguno que obligara al 
Gobierno á vender á Quintana y Amores los terrenos- 
vendidos á Lebrún, en todo ó en parte, V. E. se halla en 
el deber de repeler sus pretensiones, y poner al primer 
comprador en el goce de lo que adquirió de una manera, 
legal. 

« El Fiscal ha pedido que expidiéndose V. E. en el sen- 
tido de su pretensión mande no se reciban en lo sucesivo- 
escritos que embaracen la ejecución de sus resoluciones. 
Para exigirlo, ha tenido en cuenta la naturaleza del ne- 
gocio, la prolongada discusión que ha sufrido ante V. E.^ 
el grado de esclarecimiento á que han llegado las di- 
versas pretensiones de los interesados y la necesidad de 
poner término á unos debates que, sin ninguna utilidad: 
de las partes, agravan, cada día, más y más, las compli- 
caciones en que se encuentran, la buena fe y moralidad 
del Gobierno; y si V. E. considera justos tales motivos, 
no podrá prescindir de adoptar la providencia solicitada.. 

« Montevideo, i8 de Septiembre de 1840. 

« Gabriel Ocampo, » 

Invocaba, como se ve, la justicia y la moral, el dis- 
tinguido jurisconsulto doctor don Gabriel Ocampo, Fiscal 
especial en esa causa, que vino á conocer de ella, ¿ 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL QENEBAL ORIBE 41 

■ K ^ I 1 I 11 I I ■ I I. ■ ■ ■ ■ . ■ I ^— 1»^— 

Última hora, dándole ^si la oportunidad de estudiar todos 
esos once cuerpos de autos^ iniciados el año 29, con 
espíritu desprevenido, recto juicio y criterio imparciaL 
Otro tanto ie sucede al abogado que ahora conoce de 
esta defensa, en la que no le apasiona sino el amor á la 
verdad, después de haber estudiado todos los diez y siete 
expedientes de este pleito. Fundado en aquéllo, fué que 
el Gobierno volvió, en 18 de Junio de i84Jy á confirmar 
la resolución del 2j de Octubre de iSjS. Quiere decir, 
que á los dos años y ocho meses volvía el Gobierno á 
ratificar su voluntad, reconociendo el derecho de pro- 
piedad en la persona de don Domingo Lebrún. 

Decía así : a En atención á las razones y fundamentos 
« que expresa el Ministerio Fiscal, y por lo que resulta 
« de autos, SE confirma en todas sus partes el de- 
« CRETO DE 22 DE Enero á f. 20, y de Conformidad con 
«el Ministerio llévese adelante loen él mandado.» (iS 
de Junio de 1841 ). 

Me parece que la moralidad del acto realizado por el 
doctor Villademoros ha quedado demostrada. La discu- 
sión amplia que hubo al respecto, ante sus propios ad- 
versarios, debiera acallar toda expresión ofensiva á su 
memoria. Su actitud ya había sido dignamente juzgada 
por hombres superiores, dándonos prueba de que sabían 
imponer silencio á sus pasiones de partidario á fin de 
reconocer las virtudes y los méritos de sus decididos 
enemigos políticos y émulos en la cosa pública. 

8. Antecedentes de la venta 

« 

La venta, pues, á favor de don Domingo Lebrún, tenía 
todos estos antecedentes: 



42 ALBERTO PALOMEQÜE 

i.° Su posesión desde 1829. 

2.^ Su posesión decretada judicialmente ínterin la 
H. Asamblea General Constituyente resolvía lo relativo á 
las tierras poseídas en esas condiciones (f, 4¿f y 44 
vuelta ). 

3." La oposición que desde 1829 hizo á los contrarios 
impidiéndoles hasta los trabajos de labranza ( Junio 30 
de 1829). 

4.° Su protesta en Septiembre de 1832, contra la de- 
nuncia de los Amores (f. 27), admitida por el mismo 
señor Fiscal doctor don Lucas J. Obes, cuando decía : 
« Lebrán tiene derecho para protestar. Lo actuado no le 
<( perjudica, como no debe perjudicarlo siendo cierto lo 
« denunciado por Lebriin », por lo que pedía « se le 
« dieran los testimonios de lo que le conviniese para 
« oponerse á la prosecución de las diligencias que se 
« estuviesen practicando » los que se le mandaron dar para 
que usara de sus derechos (f. jo y ji vuelta. Febrero 11 
de 1833). 

5.0 La declaración del señor Fiscal de que; a la denun- 
« cia de Solano no podía perjudicar á la parte de Lebrún » 
(f. 47, Noviembre 2 de 1833). 

6.® La propuesta de compra que Lebrún hizo en Mayo 
12 de 1834 de lo que poseía, habiendo resuelto, el en- 
tonces Ministro doctor don Lucas J. Obes, que ocurriera al 
Juez de lo Civil, la que fué, en seguida, aceptada por él 
mismo, tomando el Gobierno á su cargo cualquier res- 
ponsabilidad para con los Amores, admitiendo 500 pesos 
del señor Lebrún (fs. 3 y 5 de las piezas 3/ y 4.^). 

7.° La actitud revolucionaria que asumen los Amores 
impidiendo el cumplimiento de lo resuelto por el Go- 
bierno en 1834, amenazando ala autoridad é influyendo- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 43 

para que ésta suspenda todo procedimiento ; contra los 
que, como ella decía al Gobierno en su interesante in- 
forme, OCUPAN UNA PEQUEÑA PARTE DEL CAMPO ( fs. 12 

y 13, Octubre 28; 2 y 19 de Diciembre de 1834). 

8.° La conducta del señor Fiscal doctor don Alejo 
Villegas, mandándose, á pedido de él, por el Ministro 
Obes, se agregaran i los autos las actuaciones de la ac- 
titud rebelde de los Amore<;, para que ante el Jue:¡^ coin' 
pétente produ:(ca los efectos que hubiere lugar y se tomen 
las medidas para que no sean desacatados los mandatos del 
Gobierno, por lo que se libraron las disposiciones conve- 
mentes^ mandando el Juez de lo Civil, que lo era el 
doctor don Carlos G. Villademoros, se hiciera la men- 
sura, como estaba ordenado, la que se practicó (fs. 14 
y 18, 22 de Noviembre de 1834). 

9.0 La aceptación de la denuncia de los Amores, hecha 
recién en Mayo 14 de 75^2, después de declarada- nula 
la producida en la Colonia, de acuerdo con la opinión 
de los doctores Obes, Alsina y Villademoros, sin perjui- 
cio de los derechos de tercero, (fs, i, 8, 10, 2j y }2; 2.® 
cuerpo de autos* Enero 27 de 1832, Febrero 24 de 1832). 

io.° Los informes que la Comisión dio, en 13 de Ju- 
nio de 1837, diciendo, en cuanto á los derechos de Amo- 
res : « que los autos dan á conocer que sus derechos no 
« están establecidos de un modo bastante positivo para 
« fijar la opinión de la Comisión í su favor, y que de los 
« autos se deduce, particularmente de las vistas fiscales, 
« decisiones a favor de dicho Lcbrún que no han podido 
« ocultarse á dicha Comisión. >> 

II.** En el desistimiento judicial de Quintana y So- 
lano de sus derechos invocados, y en la enajenación 
convenida con don Domingo Roguín. 



44 ALBERTO PALOMEQÜE 

■ ■ - - — — 

1 2.° Y, por último, en el traspaso del dominio que eí 
Gobierno hizo en 1838, confirmando el de 1834, rati- 
ficado todo por los decretos de Enero 22 de 1840 j 
18 de Junio de 1841. 

No quiero terminar esta parte del Infi3rme sin rccor- , 
dar á V. E. que, tanto los jurisconsultos Obes como 
Alsina, Villegas, Ocampo, Villademoros y Ellauri, habían 
intervenido, hasta aquí, ya en su carácter de Ministro,. 
Fiscal, Juez y Abogado, respectivamente, amparando,. 
unos, y defendiendo, otros, con sus luces é integridad, los 
sagrados derechos de Lebrún, que reconoció el Fiscal 
Alsina en 1832, el Juez Villademoros en 1833, Rivera,, 
en 1834, Oribe en 1838 y Luis E. Pérez, asesorado de 
sus Ministros Vidal y Obes, en 1840 y 1841. No ha 
podido decirse, pues, que Lebrún no hubiera encontrado 
justicia en todas las Administraciones y apoyo á sus de- 
rechos en el criterio de hombres importantes del país. 

g. La política del año 41 

La política no había asumido todavía el carácter cruel 
que iba á tomar en seguida trastornando todos los ánimos, 
hiriendo todos los intereses y sacando de quicio á esta 
sociedad. 

En Mayo y principios de Junio de 1841 la situa- 
ción se complicaba. La situación del General Lavalle 
se hacía muy difícil. La coalición del Norte estaba 
perdida. Las noticias llegadas eran fatales. Hubo que 
pensar en salvarse, por todos los medios, atrayendo 
á la causa cuanto elemento se encontrara disponi- 
ble, sobre todo en campaña, para contrarrestar la in- 
vasión que se veía venir del General Oribe. La prensa 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 45 

de esa época, sin duda para alentar á los ciudadanos, 
daba la noticia de que el General Oribe había muerta 
«n Córdoba. La presencia del General Rivera fué recla- 
mada en Montevideo, en vista de la desesperante situa- 
ción que se dibujaba, y en los momentos en que el Al- 
mirante Brown hacía sus incursiones hasta el puerto de 
Montevideo. Todos los espíritus estaban alterados. El 
nombre del General Oribe despertó odios que no se ha- 
bían revelado en 1838, porque entonces la victoria no 
irritaba, como lo dijo el General Rivera ( i ). Pero, ahora 
Oribe triunfaba, y Rozas se presentaba omnipotente, 
frente á Lavalle, allá por la Rioja, á quien ofrecía el 
gaje de paz que surgía de la Convención Mackau-Arana 
que le libertaba de las hostilidades de la Francia. Ruíino 
Várela acababa de ser sacrificado en pleno campamento 
del General Oribe, después de la acción caballeresca 
para salvar la vida al General Garzón. 

En esta situación, recordar el nombre del Presidente 



(i) «Si yo vuelvo, ha dicho el General Rivera, injuria por injuria, 
« persecución por persecución, si descargo sobre los amigos de Oribe la 
<c vara con que él oprimía los míos, habré satisfecho una venganza per- 
« sonal y mezquina ; pero no habré cerrado la revolución : los hombres 
« verán que no tienen patria, que necesitan abandonarla, y maquinar, 
t< desde lejos, su ruina ; y así continuaremos en turbulencia perpetua, 
« siempre á caballo, con la lanza empuñada, vertiendo siempre la sm- 
<r gre de los orientales. No es esto lo que la Nación exige de mi : no es 
« este el fin á que yo marcho: los que me ultrajaron, los que se ceba- 
« ron en mis indefensos amigos estaban también bajo un yugo de hierro, 
«obedecían á una tiranía brutal, y tal vez no la podían evitar : sobre 
« todo, mi misión no es la de vengarme, sino la de afianzar la quietud 
« y el orden constitucional de mi país.» (Revista Oficial y Miércoles 19 
de Diciembre de 1838, Número 21). 



46 ALBERTO PALOMEQUB 

Oribe era azuzar pasiones, no dejar el espíritu libre para 
raciocinar con la calma que hasta entonces se había pro- 
cedido, reconociendo el derecho y aplicando los sanos 
preceptos constitucionales que abonan por la solidaridad 
gubernamental. Y fué lo que sucedió. Amores, viéndose 
perdido, dijo: «Se me ha notificado hoy, 21 de Junio 
«de 1840, un decreto del P. E. por el que confirma la 
« resolución que sobre este negocio había dictado el Pre- 
u sidente Oribe el día que se ausentó de esta Capital. Res- 
« peto el decreto del P. E., pero no puedo dejar de ha- 
« cerle presente que su ejecución va á tropezar con di- 
« ficultades, que es imposible que un Gobierno equitativa' 
« y paternal pueda vencer. Don Domingo Lebrún, tan 
« favorecido por el decreto del P. E., va á exigir su 
« cumplimiento hasta sus últimas consecuencias, y éstas 
« deben ser la destrucción de edificios sólidos y valiosos que 
« algunos de mis representados tienen en esos campos, la 
« expulsión de seis ú ocho familias numerosas que han 
« prestado servicios desinteresados d la causa pública, y la 
« ruina completa de pequeñas pero importantes fortunas. )> 
Fundado nada más que en esto, que no eran razones,, 
sobre todo después de producidas las luminosas Vistas 
del doctor Ocampo, el P. E. mandó suspender la eje-^ 
cución de sus decretos, el ij de Julio de 1841, sin per- 
juicio DE LOS DERECHOS DE DON DoMiNGO Lebrún, ale- 
gando el fútil pretexto de « necesitar el Gobierno una 
í< más amplia información y conocimiento de las distin- 
« tas cuestiones que se ventilan entre Lebrún y demás 
« vecinos poblados en los campos que se disputan. » 
Mandó que el Alcalde Ordinario informara á la brevedad 
posible qué clase de edificios tenían construidos los Amo- 
res y Quintana, y que la Comisión Topográfica á su 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 47 



vez informara qué área de terreno ocupaba cada uno 
de los arriba nombrados, y que estuviera comprendida 
en la superficie que reclamaba Lebrún. Esto se hacía 
para llenar una apariencia de justicia. Nada mis. Por lo 
demás^ ya se sabia lo que informaría el Alcalde Ordina- 
rio, en esos momentos angustiosos! 

Lebrún, ciudadano francés, sufría las consecuencias de 
la situación política. La Francia, en esos momentos, tran- 
zaba con Rozas, y Lavalle era derrotado. Reclamó. Le 
dijo al Gobierno que alteraba la cosa juzgada; que había 
resuelto sin oir á ningún Fiscal de Estado, que es quien 
realmente representaba los intereses de éste ; y que con- 
sultara, á lo menos, á la Exenta. Cámara de Justicia^ 
como se hace en todos los países civilizados para resol- 
ver las cuestiones contencioso-administrativas. El asunto^ 
como se ve, había tomado otro carácter, no el de pleito 
con los Amores, sino con el P. E., para que éste cum- 
pliera sus propias resoluciones, por cuatro veces ejecuto- 
riadas, desde 1834 á 1841. De nada sirvió lo que expuso 
el ilustrado jurisconsulto doctor don José Ellauri, Abobado 
del señor Lebrún. La pasión hablaba y se dictó el ukase 
de : no admitirle escrito alguno y estése a lo mandado^ 
pronunciado el ij* de Octubre de 1S41. Acababan de llegar 
las lúgubres noticias del degüello del General Acha, el 
del doctor don Marcos Avellaneda y la muerte inesperada 
del General don Juan Lavalle, vencida así la coalición 
del Norte por la actividad y estrategia del General don 
Manuel Oribe. Ya no podía pedirse raciocinio. Hablaba 
la pasión. Había que atraer elementos, y el sólo nombre 
de Oribe, tan hábilmente invocado y explotado en el 
escrito de la referencia, dio sus resultados. Lebrún estaba 
condenado. ¡Era francés! ¡Y en esos momentos la Fran- 



48 ALBERTO PALOMEQUE 

cia desamparaba la causa de Montevideo ! En otros mo- 
mentos, el derecho de Lebrún se habría salvado, como se 
ha salvado después, y se ha salvado ahora, y se salvará 
siempre, ante los Tribunales de Justicia que no fallan por 
pasiones políticas, á Dios gracias! El Poder Ejecutivo 
era un Tribunal político y no podía desprenderse de las 
influencias de esa naturaleza. Y este es el documento 
que se invoca para desconocer el derecho de Lebrún, 
cuando el Poder Ejecutivo, faltando á sus más solemnes 
compromisos de moral, como lo decía el ilustrado Fiscal 
doctor don Gabriel Ocampo, y lo sostuvo el doctor don 
José Ellauri, cerraba las puertas del Gobierno ordenando 
no se admitiera escrito algunOy haciendo imposible la dis- 
cusión de sus actos en una época guerrera como lo fué 
aquella, sin duda alguna, sometida á la fuerza de la ley 
marcial, impuesta por los elementos dirigentes de uno y 
otro bando político. 

lo. £1 derecho de casación 

El Poder Ejecutivo carece de la ñicultad de casar 
y anular sus actos. Él ejecuta las leyes. Sólo el Poder 
Judicial las aplica. Es éste, como después se resolvió 
en i86r, quien las aplica. Él no pudo ni debió hacer 
otra cosa que dignificar sus propias resoluciones, man- 
dando que los Amores, que decían respetar esa reso- 
lución gubernativa, dictada dentro de sus propias facul- 
tades, la discutieran ante los Tribunales, como lo han 
hecho después, sin resultado alguno para ellos. Eso no 
es fallo. No tiene autoridad de cosa juzgada, porque ha 
sido pronunciado por quien no era Juez, en causa propia, 
sin oir previamente ni al interesado ni al Fiscal de Estado 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 49 

'doctor Ocampo. Se puede alegar una sentencia, como cosa 
ju:(gaday cuando no carece de esas faltas substanciales. 
Se trataba de un contrato hecho con quien tenía la po- 
sesión de la cosa. Para dejarlo sin efecto, y quitar esa 
^posesión, era indispensable un juicio. Y el Poder Ejecu- 
tivo no pudo ser el Juez de ello. La cuestión no era ad- 
ministrativa ; y, aun cuando lo fuera, su resolución, para 
tener fuer:(a de cosa juT^ada^ debió, á lo menos, como 
4o decía el doctor Ellauri, discutirse ante la Excma. Cá- 
mara de Justicia. Entonces, quizá, habría podido alegarse 
^ue se habían llenado algunas formas ó ritualidades de 
juicio, oyendo al interesado y al Fiscal del Estado! 

El Estado puede, como cualquier otro particular, decir: 
te no cumplo este contrato porque no me conviene, ó 
« porque se ha violado la Constitución y las leyes»; pero, 
¿un asimismo, esa manifestación de voluntad queda so- 
imetida al fallo de los Tribunales, que apreciarán la va- 
lidez del acto y dirán si se ha violado la Constitución ó 
la ley. Excuso recordar á V. E. casos prácticos como 
los de la sucesión Grauert y el contrato del Puerto. 

Esa resolución no da derechos á nadie. No es una sen- 
tencia. Es una simple manifestación de voluntad, como 
podría hacerlo un particular, deque no quiere cumplir el 
contrato de compraventa, para lo que el P. E. ha debido me- 
dirse muy mucho, vista la dignidad del puesto que des- 
•empeñaba. Esa manifestación de voluntad no funda ningún 
derecho. Ella se apreciará por el Juez, porque á las par- 
tes no les es dado hacer lo que quieran sino lo que deban 
«n presencia del derecho ajeno. Ahí está el límite. Y ese 
derecho ajeno es el que tenía el poseedor Lebrún. El Go- 
bierno habrá podido decir todo lo que quiera, pero no pudo, 
ni aun con su fuerza, arrebatar entonces la posesión de hecho 

4 



50 ALBERTO PALOMEQUE 

que se tenía y se tuvo siempre desde 1829 y que se mantuva 
judicialmente por auto de 1833. El poseedor la ha invocado- 
y no entregado la cosa. Y, si alguien se la arrebatara por la 
fuerza, aun pública, ejercitando asi un despojo, previsto- 
y castigado por nuestras leyes, él tendría el derecho de re- 
sistirla, en uso de la legítima defensa, cuando no es eí 
Juez, que le amparó en esa posesión, quien mandara en- 
tregarla á un tercero. El Poder Ejecutivo no tuvo poder 
legal, lo que, por otra parte, no hizo tampoco, para arreba- 
tar á Lebrún esa posesión judicial. No pudo pasar por 
sobre el Poder Judicial. Si se creyó con algún derecho 
al campo debió ocurrir á la justicia. Su llamado fallo^ 
no es sino una manifestación de voluntad de no querer 
cumplir el convenio celebrado, como se ve, por lo que 
no se explica cómo una inteligencia vigorosa, nutrida ei> 
el estudio, sea capaz d^iavocarh como transmisora de de- 
rechos. 

II. La palabra del doctor don José Ellauri 

Y esto fué lo que luminosamente dijo el doctor Ellauri^ 
al Gobierno, en aquel entonces, como va á verse : 

« Excmo. señor : 

«Don. Domingo Lebrún, en auto sobre cumplimiento^ 
de un contrato celebrado con el Fisco é incidente- 
mente con don Pablo Quintana y otros que preten- 
den el mismo terreno y demás deducido, digo : Que 
el 12 del corriente se me ha notificado la superior 
resolución dictada el 3, anulando y casando todas las an- 
teriores expedidas á mi favor. Persuadido como estoy 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 51 

de que las atenciones de V. E. no le han permitido 
mirar este asunto por su verdadero aspecto, y colocado 
en la necesidad de no dejar perecer mi evidente derecho 
prestando un consentimiento que no debo, juzgo de mi 
obligación rogar á V. E. que, suspendiendo los efectos 
de esa resolución, por ahora, y oyendo al señor Fiscal, 
se digne reconsiderarla, declarándola en seguida como no 
expedida, y vigentes las anteriores, ó al menos tenga a 
bien PASAR este negocio en consulta á la Excma. 
CÁMARA DE Justicia. 

« Ante todo, debo decir que, aunque en esa resolución 
se ordena no se admitan más escritos, supongo que esto 
hace relación á mis contrarios; porque, además de que 
así lo ha pedido dos veces el Fiscal, todas las resolu- 
ciones de V. E. me han sido siempre favorables, á 
excepción de esta última, que revoca aquéllas: y siendo 
la apelación* ó reclamación de derecho natural y, por 
tanto, sagrado, es V. E. demasiado justo para negármela, 
cuando, por primera vez, falla contra mí, siendo así que 
siempre ha oído á mis contrarios cuantas veces ha fallado 
contra ellos, á pesar de haber exigido el Fiscal no se les 
oyese más. 

« Como este asunto es excesivamente claro y no quiero 
fatigar á V. E., me ceñiré á recordar los hechos prin- 
cipales, y sólo exponer muy rápidamente algunas de las 
innumerables observaciones que ellos presentan. 

« Mi derecho, esto es, la subsistencia de la compra del 
terreno que hice al Fisco, fué reconocida y declarada 
por V. E. en autos de 23 de Octubre de 1838, en el 
cual se reconoció también el que tenía para ser indem- 
nizado por el Fisco, don Luis González Amores, sucesor 
de don Pedro Antonio La Serna, que también había com- 
prado. 



52 ALBERTO PALOMEQUE 

« Los recursos de apelación y nulidad que intentaton 
mis contrarios, fueron, de conformidad con el Fiscal, 
desechados por V. E. en el de 22 de Enero de 1840, 
confirmando el anterior. Aunque el Fiscal había exigido 
no se les admitiese más escritos, el 18 de Junio de 
1 84 1 V. E. confirmó, en todas sus partes, el auto de 22 
de Enero. 

« Sin embargo, volvieron á pedir se reconsiderase el 
asunto y adoptase algún temperamento conciliatorio, en 
atención á que tenían edificios en el terreno, y sin mis 
razón que esta, V. E., sin audiencia Fiscal ni mía mandó, 
el 13 de Julio, se suspendiera la ejecución de lo dispuesto, 
por necesitar más amplia información y conocimiento de las 
distintas cuestiones que se suscitan, á cuyo efecto pidió 
informe al Alcalde Ordinario de la Colonia. 

« Reclamé, como debía, de tal suspensión, y el 27 se 
proveyó : estese á lo mandado, 

« El 3 del corriente, sin preceder más trámite ni au- 
diencia, se sirvió V. E. anular todos sus anteriores de- 
cretos, y mandar distribuir legua y media de campo, 
conservando íntegras las mil quinientas cuadras quedadas, 
vendidas á La Serna, antecesor de don Luis González Amo- 
res, y partiendo el resto por ¡guales partes entre don 
Francisco Amores, don Pablo Quintana y yo; de con- 
formidad^ se añade, á lo que el Fiscal General propuso en 
jS de Enero de iS)S; de suerte que hoy tieae fuerza lo 
que entonces propuso el Fiscal y no la tiene lo que des- 
pués exigió reiteradamente : 

« Estos son los hechos más notables, y de ellos fluyen 
forzosamente las siguientes observaciones: 

« i.° Ninguna nueva actuación, dato ó documento que 
haga variar el juicio en la cuestión de derecho, se ha 
agregado á los autos después del 18 de Junio de 1841. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 53 

«El informe del Alcalde Ordinario de la Colonia, que 
no es letrado ni tuvo los autos á la vista, se contrae á 
cosas materiales y ya sabidas, y no ha nodido dar esa 
mcis amplia información que V. E apetecía, anexas de las 
cuestiones de derecho, 

« Lo de que mis contrarios tengan edificios, eso hace 
años que ellos lo están diciendo. Lo de que les perju- 
dique la resolución de 1 8 de Junio, eso es forzoso ; esa 
no es razón de derecho ; eso ya lo sabía V. E. al expedir 
aquélla ; eso les da derecho, no á perjudicarme á mí 
sino á que les indemnice el Fisco, que vendió lo que no 
pudo vender. Lo de que ellos han prestado servicios, así 
será, muy justo es recompensarlos, pero no á costa de 
mi propiedad. ^ 

«Yo debo, pues, deplorar que sin haber dato alguno 
nuevo, V. E. haya encontrado hoy injusto lo mismo que 
antes encontró justo por tantas veces. 

« 2J^ Las demás razones expresadas por V. E. son una 
repetición de los alegatos, que han hecho siempre mis 
contrarios, que cien veces han sido ya examinados y re- 
batidos, y que no obstante se tuvieron en cuenta antes 
que V. E. fallase contra ellos. 

« 3.<^ Se anula la venta que el Fisco me hizo y cuyo 
precio recibió. Si V. E. se considera como juez entre 
sus compradores, acerca de la validez de sus propios ac- 
tos, ¿será justo me despoje del gran derecho de apelar 
ó reclamar? 

« Si se considera sólo como parte contratante, bien claro 
es que no puede anular el contrato por sólo su consen- 
timiento, y más claro todavía, que de hacerlo, debería 
reconocer el deber de indemnizarme. 

« 4.0 Me parece, señor, que la revocación de cuatro de- 



54 ALBERTO PALOMEQÜE 

cretos, conformes y reiterados, expedidos en juicio con- 
tradictorio, no puede hacerse por Juez ni autoridad al- 
guna, de oficiOy sin audiencia del damnificado y ni aun del 
Abogado encargado de defender los derechos fiscales. 

« 5." Esa resolución ya no es ciertamente del orden gu- 
bernativo ni económico ; es contenciosa solamente ; ella 
decide acerca de derechos de un particular disputado por 
otro particular y decide cuestiones que son de puro de- 
recho civil. No me extiendo acerca de una cosa tan 
clara por creerlo innecesario ; pero esto mismo manifiesta 
la justicia con que solicito que, suspendiéndose el efecto 
de lo declarado, se sirva V. E. oir al Fiscal y á la Excma. 
Cámara. 

a 6.** Aun la razón de utilidad púfclica, que parece indi- 
carse en la resolución, es inaplicable en este caso. Al con- 
trario. Yo juzgo que no es lo más prudente el aglomerar 
en un estrecho pedazo de tierra á los individuos enco- 
nados de resultas de un largo litigio. Además; esa re- 
partición va á ser un semillero de pleitos inacabables. 

<( No es la igualdad absoluta sino la respectiva la que en 
todo caso debió consultarse. No siempre veinte cuadras 
de tierra son iguales á otras veinte ; la ubicación, las 
aguas, los pastos, etc., todo produce grandes diferencias. 

«7.® Mi compra al Fisco fué anterior á la que hizo 
La Serna, antecesor de don Luis, y sin embargo, á éste se 
le manda dar íntegramente lo que compró, y á mí sólo 
una pequeñísima parte se me señala. 

« 8.° Cuando el 23 de Octubre de 1838 se mandó que 
se me diera á mí lo que yo había comprado, se declaró 
á don Luis el derecho á ser indemnizado. Si hoy se halla 
justo preferir al comprador posterior, ¿no lo era también 
el que se me declarase el derecho á ser indemnizado 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 55 

x:omo en caso inverso se había hecho con don Luis? 
^ Cuál razón de equidad, de justicia ó de conveniencia 
pública puede autorizar esta diferencia de procederes? 

« 9.*> Sea cual sea el carácter ó jurisdicción que V. E. 
haya ejercido al dictar la resolución de 3 del corriente, 
esa misma ejerció al dictar las anteriores. 

« Si es válida la de hoy, válidas fueron las de antes. 
^Igual será la última, Excmo. señor ? ¿Cuál regla deberá 
observarse, ni cuál garantía tendrán estas propiedades, si 
SQ pueden derogar tan fácilmente y sin observar forma 
-alguna, lo que una vez se decidió? 

«En este conflicto de resoluciones contrarias, yo tengo 
á mi favor las más antiguas, las más numerosas, las dic- 
tadas con audiencias y con observancia de las formas. 
Yo tengo en mi favor el principio de la cosa ju:(^^ada. 
A no ser que se incurra en el absurdo, tan contrario á 
todo buen orden social, de sostener que jamás la hay 
-en los actos del Gobierno, cuando ellos deciden acerca 
de derechos disputados entre particulares. Puedo, pues, in- 
vocar algún principio de la cosa juzgada que V. E. re- 
conoce, que las leyes civiles y constitucionales del país 
•sancionan, y que todas las naciones respetan. 

« Pero, lo repito, V. E., cercado de tantos cuidados, no 
ha podido prestar á este negocio toda su atención, pero 
ese mismo convencimiento en que estoy, funda la espe- 
ranza que me asiste que sabrá hoy reparar los efectos 
de un error involuntario, determinando como dejo pe- 
dido. 

*Es de justicia, etc. 

«£). Lebríln. 
« José Ellauri. » 



56 ALBERTO PALOMEQU£ 

«Montevideo, 15 de Octubre de 1841. 
« Estese á lo mandado. 

« VíDAL. 

« Ante mí. 

njuan Pedro Gon::^áh:i^^ 
a Escribano sustituto de Gobierno y Hacienda. »» 

12. La doctrina contraria, el General Correa y un Po» 

der Ejecutivo curioso 

Si yo fuera á invocar la doctrina del contrario, me 
bastaría recordar las circunstancias especiales en que se 
dictaron esos decretos de 13 de Julio y 15 de Octubre 
de 1 84 1 para probar su ineficacia. 

En Junio de 1841 se encontraba el General Rivera,, 
por necesidades de la guerra, en el Durazno. Los suce- 
sos graves que se desarrollaron hicieron indispensable su. 
presencia, en la Capital, para que reasumiera el mando. 
Se anunció su venida, y en los diarios de la época se 
leen las noticias de su aproximación á Montevideo y de su^ 
arribo al Colorado y á su quinta en el Arroyo Seco ( i )- 
Todo esto se sabía en los primeros días de Julio. El' 
General Rivera llegó á la Capital á mediados de Julio, 
y el 26 le devolvía el mando el Presidente del Senado, 
don Luis E. Pérez. 



(i) El Nacional de 22, 24 y 26 de Julio de 1841. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 57 

Pues bien : si la doctrina del contrario es verdadera, 
yo podría decir : « el señor Pérez, que sabía que venía 
« el General Rivera, Presidente de la República, á hacerse 
« cargo del mando, que era su propiedad, debió abste- 
« nerse de tomar una resolución tan grave en un asunta 
« que se venía discutiendo desde años atrás, en el que 
« las primeras personalidades del país, de uno y otro 
« partido, habían opinado favorablemente. Para ir con- 
« tra esas opiniones, gubernativas, unas, judiciales, otras, 
« y con prescindencia del representante del Estado, su 
« Fiscal, bien pudo esperarse á que llegara el General 
«Rivera, el Presidente de la República.» Pero no; la 
política imponía esa medida atentatoria, reclamada por 
quien, siendo representante ó Procurador de los Gonzá- 
lez Amores, iba, á su vez, á actuar, de una manera deci- 
dida, en la vida pública, saliendo del retraimiento en que 
hacía años se encontraba. 

El representante de los Amores era el señor don Ma- 
nuel Correa. Hasta entonces había vivido retirado de los 
negocios públicos, no obstante su brillante foja de ser- 
vicios comenzada á los 12 años de edad, como cadete 
en el Cuerpo de Blandengues y continuada en la expe- 
dición contra los indios dirigida por don Francisco Xa- 
vier de Viana ( i ), hallándose en la invasión inglesa 
de 1806, en Maldonado, donde fué herido. 



( I ) He aquí su fcja de servicios y su influencia en los momentos en que 
iba á actuar, en lo que se relaciona con este litis. A los doce años de 
edad era cadete en el Cuerpo de Blandengues. Estuvo en la expedición 
contra los indios, dirigida por don Francisco Xavier de Viana, hallán- 
dose en la invasión inglesa de 1806, en Maldonado, donde fué herido. 

Teniente de milicias de Maldonado, por decreto del virrey, agregado 



58 ALBERTO PALOMEQUE 

Ya puede figurarse V. E. la influencia que tuvo este 
«mínente ciudadano con aquellas cuatro líneas recordando 
el nombre del Presidente Oribe. 

Y, si dejando á un lado el decreto de 13 de Julio, re- 



al regimiento de granaderos del rey, en Buenos Aires, allí le encontró la 
Revolución del año 10, yendo, espontáneamente, de edecán del General 
Belgrano, á Li expedición del Paraguay. Prisionero en Yaquery, permane- 
ció en el pontón, bóvedas y ciudadela hasta que fué canjeado por prisio- 
neros españoles tomados en Las Piedras. Con su regimiento asistió al 
xisediode 18 14 y entró á esta ciudad con el grado de Capitán. En 181$ 
■es ascendido á Sargento Mayor de su Regimiento. 

En Mayo de 181 5 es ascendido á Sargento Mayor de su Regimiento ; 
en 18 16 hace una campaña sobre el territorio de Santa Fe; en 1819 
otra campaña á las órdenes del director del Estado, desempeñando e! 
cargo de Mayor de brigada ; en 1820 otra campaña á las órdenes del 
General Soler, que le confía el cargo de la vanguardia; en el mismo año 
el Gobierno le nombró jefe de la sección del centro al Norte de la cam- 
paña de Buenos Aires, en circunstancias que la invadían los indios Ran- 
queles y Pampas dirigidos por Carreras, y formó una división de 700 
hombres que fué la 3.* del ejército al mando del señor Hort¡gu«ra, con 
la que maniobró independientemente de las otras dos mandadas por los 
señores Lamadrid y Rozas, durante toda la campaña. En 182 1, ya gra- 
duado Teniente Coronel, desempeñó la mayoría del cuerpo denominado 
<( De! Orden». En 1822 pasa á Comandante del 3." Batallón de la Le- 
gión Patricia, y después en el mismo empleo al 2.* Batallón de Cazadores 
de línea, en cuyo cuerpo hizo, en 1823, una campaña al Tandil; en 1824 
otra hasta las inmediaciones de Bahía Blanca, cuyas dos expediciones 
mandó en jefe el General don Martín Rodríguez. Todas estas campañas 
constan en su honorable foja de servicios, firmada por el ilustre Rondeau. 

Declarada la guerra al Brasil y cambiado el nombre de su Batallón en 
1.° de Cazadores, marcha con el ejército á campaña, en el que recibió 
sus despachos de Coronel y se halló en la batalla de Ituzaingó, que di6 
por resultado la independencia de su tierra natal. 

Llamado por un decreto del Gobierno al servicio de la Hepúbllca, fué 
dado de alta cu el ejército el 15 de Diciembre de 1842, con la antigüe- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 59 

cuerdo lo que sucedía en Octubre de 1841, cuando se 
dictó el que negaba á Lebrún el derecho de ser oído, 
mucho más grave aún es la situación del Gobierno; de 
acuerdo con la propia doctrina contraria. 

En efecto: en Agosto de 1841 había muerto el señor 
don Luis E. Pérez. El Vicepresidente del Senado no 
quizo aceptar el mando. 

No había Cámaras reunidas. Las elecciones se habían 
practicado antes de la época constitucional, porque se 
veía venir la invasión del General Oribe y no se quería 



dad de su clase en la República Argentina, y se hizo cargo de la Coman- 
dancia General de Armas; á los pocos días nombrado General en jefe de 
las fuerzas de la Capital el General don José M. Paz, Correa fué uno de 
los amigos del General que más eficazmente lo indujo á recibirse del 
mando, diciéndole : « nada hay hecho, pero con los grandes elementos que 
« tiene la Capital, todo puede hacerse » . Él tenía fe desde esos momentos 
•en la salvación del país, fe que nunca desmayó á pesar de todos los con- 
trastes. Durante cerca de cincuenta días, mereciendo la ilimitada con- 
fianza del Gobierno, Correa no descansó un instante, preparando los cle- 
jnentos para la resistencia incontrastable, opuesta al enemigo, que la 
victoria obtenida sobre nuestro ejército le daba la opinión de invencible. 
Medidas propuestas por ¿1 y realizadas, son : fortificar el Cerro y la isla de 
la Libertad, sin desatender á la organización del ejército, la línea de forti- 
ficación, maestranza. Parque, en fin, á todos los medios de defensa, como 
2." jefe del General Paz. El enemigo se presentó ante esta ciudad» 
cuando aún no existía artillería, puede decirse, para la defensa que se 
preparaba, pues no la había; se le ocurre entonces arrancarlos cañones 
que servían de postes en las calles, y logra, al fin de tres meses, ver arti- 
llada perfectamente la línea, montando primero la mayor parte de las 
piezas en potros y cureñas de mar, y después hacerle un excelente mon- 
taje con el producto de una suscripción voluntaria que promovió entre 
varios patriotas nacionales y extranjeros, y otras sumas entregadas por 
«1 Gobierno á pesar de los inmensos apuros en que se hallaba el te- 
soro. 



60 ALBERTO PALOMEQUE 

quedar sin Cámaras, sin ese resorte institucional, par* 
1842. Con motivo de la muerte del señor Pérez, de la 
renuncia del Vicepresidente del Senado y de la absoluta 
necesidad de ausentarse para campaña el General Rivera, 
¿ qué se hizo ? Se anticipó la reunión de las Cámara?; 
electas en aquella forma. Se citaron para el 30 de Octu- 
bre de 184 1, á fin de nombrar el Presidente del Senado 
que debía desempeñar las funciones de Poder Ejecutivo^ 
en ausencia del General Rivera. Mientras tanto, éste tenía 
que irse á campaña. No podía permanecer en Monte- 
video. ¿ Qué se hacía en esta situación, sin Cámaras, sin 
Presidente y sin suplentes de éste en la Capital? Se 
salvó la situación, permaneciendo 71 días el General Ri- 
vera en la Capital y convocando la Asamblea para el 30 
de Octubre, dejando, al alejarse, constituido un Poder 
Ejecutivo curioso. ¿ Cuál ? Declaró el General Rivera» 
en 8 de Octubre de 1841^ que « ínterin se reúnen las 

« CÁMARAS QUE SE HALLAN CONVOCADAS PARA EL 3 O DEL 
« CORRIENTE, EL PoDER EJECUTIVO RESIDE EN EL CoNSEJO 

« DE Ministros desde la fecha de mañana.» 

Pues bien; desde el ^ de Octubre de 1841 y ya el Ge- 
neral Rivera no actuaba como Presidente. Estaba ausente» 
en campaña. Pues ahora va á verse cómo, apenas el 
General Rivera entregaba el mando á un Poder Ejecu- 
tivo originalísimo, desconocido por nuestra Constitución^ 
éste, así como en ij de Julio no había esperado el re- 
greso conocido, seguro, de aquél, para adoptar esa grave 
resolución, ahora, inmediatamente, al día siguiente, por 
sí y ante sí, casa y anula todo lo obrado desde 1829^ 
dejando sin efecto autos judiciales y resoluciones admi- 
nistrativas que habían declarado la incompetencia del 
Poder Ejecutivo para conocer de lo contencioso. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 61 

En efecto : el p de Octubre sale á luz ese Acuerdo 
original. Y q\ p de Octubre, ya no era Presidente en ejer- 
cicio el General Rivera, sino sus Ministros, quienes, como 
puede verse en los diarios de la época, resolvían las 
cuestiones de Estado. Delegado el mando, bien ó mal 
hecho, desde el 8 de Octubre de 1S41, para ausentarse á 
ia campaña, á la espera de lo q.ue la Asamblea resol- 
vería el 30 de Octubre sobre el Presidente del Senado á 
nombrarse, como efectivamente se nombró el 26, reca- 
yendo en la persona del señor don Joaquín Suárez, que 
entró á ejercitar las funciones de Presidente, no pudo 
el General Rivera suscribir ese Acuerdo, según él mismo 
lo declaró. Y sus Ministros, que se ocuparon tan activa- 
mente de la cosa, al día siguiente, bien pudieron esperar 
unos días más para que el Presidente del Senado cono- 
ciera de tan importantísima cuestión. 

Ese Acuerdo adolece pues del vicio msanable de ser 
firmado por quien no ejercía las funciones del Poder 
Ejecutivo. Y adolece, además, del vicio constitucional de 
ser pronunciado por quienes, á haberlo suscrito, como 
Poder Ejecutivo, no podían revestir tal carácter. 

Agregúese á lo expuesto la circunstancia de no estar 
suscrito sino por el Ministro Vidal, y no por los tres Mi- 
nistros en quienes Rivera delegó el Poder Ejecutivo, el 
decreto que recayó en la solicitud de Lebrún mandán- 
dose no se le admitiera escrito y se estuviera á lo mandado, 
y dígase si en tan deleznable Acuerdo de ^ de Octubre 
puede fundarse ningún derecho de propiedad. 

Contra un Acuerdo dictado en tan excepcionales cir- 
cunstancias, opongo los pronunciados por verdaderos Pre- 
sidentes de la República y los autos judiciales que man- 
daron, en época constitucional, indiscutible ante la historia. 



62 ALBERTO PALOMEQUE 

cual lo era la de 1854, 1838 y 1840-41, se respetara esa 
posesión y el derecho alegado por Lebrún. 

13. La invasión del General Oribe 

VALOR LEGAL DE SUS RESOLUCIONES GUBERNATIVAS Y 

JUDICIALES 

La sitúa :ión guerrera se presentó clara y neta en 1842. 
Acababa de ser vencido el General Rivera en la acciór> 
de Arroyo Grande, en Entre-Ríos, dejándole expedita,, 
al General Oribe, su entrada triunfal al territorio. Po- 
demos ya, á los cincuenta años de pasados aquellos 
luctuosos acontecimientos, hablar, con cierta indepen* 
dencia y latitud de espíritu. Dominaban dos partidos : 
uno, dentro de la Plaza de Montevideo, y el otro, en 
la campaña. El General Oribe, al invadir el terri- 
torio, había colocado autoridades judiciales y milita- 
res en todos los Departamentos, y constituido, en el 
Cerrito, no sólo sus Cámaras Legislativas, sino su Tri- 
bunal Superior de Justicia, en el que actuaban capaci- 
dades de primer orden. La invasión dio por resultado 
que abandonaran sus campos todos aquellos que no co- 
mulgaban en las mismas ideas políticas del General in- 
vasor. Entre ellos estaban, quizá, los Amores. Ellos 
sufrirían ahora las consecuencias contrarias á las de Lebrún. 
Y fué entonces que éste, que, á pesar de todo, no había 
abandonado su posesión desde Octubre de 1 841, se dirigió 
al General Oribe, pidiéndole que á « los antiguos intrusos 
«que estaban poblando mi campo», decía, «no les fuese 
« permitido volverse á poblar en él, ni que ellos ni otros 
« pudiesen sacar animales de ninguna clase que fuesen sin 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL OENEKAL ORIBE 63 

« consentimiento mío » á lo que « decretó : como lo pide, 
« pase al Ministerio de la Guerra para que libre las órdenes 
« competentes al Comandante General del Departamento para 
« la ejecución de ese decreto » ( f. i autos Pieza A ). 

Lebrún había visto arrasada su propiedad en 1845-4& 
por las fuerzas de la Plaza, viéndose obligado á refugiarse 
en el Cuartel General de Oribe (f. i vuelta autos ci- 
tados). Debido i la posesión que tenía, hizo que en 1849 
(f. 7) hiciera un arreglo con los Amores, ante el Alcald^í 
Ordinario de la Colonia, poniendo fin á todas las cuestio- 
nes sobre ganados existentes en el campo de Lebrún, sin 
que nadie, en ese acto, desconociera su posesión, y en la 
que estaba amparado por orden de la autoridad judicial 
de 1833 y la que allí dominaba ahora. Ni una palabra 
de protesta al respecto. 

Las resoluciones de aquella autoridad nunca han sido 
desconocidas por los Tribunales de la República. Ellas 
serán discutibles, pero no hay ley alguna, ni siquiera 
decreto gubernativo, que las declare nulas ipso jure. Es 
necesario estudiarlas, someterlas á una crítica juiciosa, 
razonable y elevada, antes de condenarlas irremisible- 
mente. Tan es así, que, cuando en Septiembre 29 de i86j 
se permitió el Dictador General don Venancio Flores, 
invocando, erróneamente, el decreto de 16 de Octubre de 
185 1, declarar «nulas las enajenaciones y donaciones otor- 
« gadas por el General Oribe durante el Sitio, como- 
«asimismo las resoluciones judiciales que hubiesen reco- 
a nocido su legalidad, mandando que los Tribunales de 
« la República quedaban inhibidos, en lo futuro, de oir 
« demandas y continuar conociendo en asuntos cuyos tí- 
« tulos tuvieran igual procedencia », tuvo, el mismo 
Dictador, a los doce días, que modificar su decreto, resol- 



64 ALBERTO PALOMEQUE 

viendo, por el de fecha 12 de Octubre de 1865, atentas 
In^ ra:(ones aducidas por el Exento. Superior Tribunal de 
Apelaciones, quedar«in sin efecto los artículos que decla- 
raban nulas las resoluciones judiciales que hubiesen re- 
conocido la legalidad de esos documentos y que nega- 
ban á los Tribunales la facultad, en el futuro, de oir 
demandas fundadas en esos títulos. 

La única ley, pues, que existe, con carácter dictatorial, 
es la citada, declarando nulas las donaciones y enajenado^ 
fies hechas por el General Oribe, que tenían por funda- 
mento la confiscación operada durante la guerra, domi- 
nando la ley marcial. Los actos gubernativos, necesarios 
en toda época, realizados de acuerdo con la Constitución 
y las leyes, esos no se han anulado, porque no eran ni 
son anulables. Están en la misma condición que los rea- 
lizados por la Plaza de Montevideo. Si los de ésta, p. e., no 
se ajustaron á la Constitución y á las leyes, no hay Tri- 
bunal que pueda validarlos. Por eso el decreto de 1865, 
como los dictados á raíz de la Paz del 51, fueron y son 
inútiles. Diríamos que son un pleonasmo legislativo. No 
eran necesarios, porque si esos actos fueron inconstitu- 
cionales é ilegales no se necesitaba de un decreto para 
declararlo. Ya la ley y la Constitución los había decla- 
rado. Y, si quiso establecerse como ley general, que 
afectara todos los actos de una Administración, entonces 
no bastaba, para hacerlo, un decreto emanado de una 
de las partes interesadas, que no era Poder Legislativo; 
y mucho más en los momentos en que se hacía un Pacto 
reconociendo « como deuda nacional la contraída por el 
« General Oribe, con arreglo á lo que, para tales casos, 
« estatuye el derecho público y resolviendo proceder 
« oportunamente, y en conformidad á la Constitución, á 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 65 

•« la elección de Senadores y Representantes en todos los 
« Departamentos, los cuales nombrarían el Presidente de 
m la República. » 

Reconocida la autoridad ejecutiva de la Plaza, ésta, ni 
por decreto anuló siquiera las disposiciones gubernativas 
-del General Oribe. Por el contrario, reconoció esa auto- 
ridad, y mandó, en su decreto de ii de Octubre, que 
« cesaran en el territorio de la República sólo las auto 
« ridadeSj oficinas 5' empleados establecidos por el Gene- 
ce ral Oribe que no estuviesen de acuerdo con lo dispuesto 
<( por la Constitución y leyes del Estado, ó aquellas cuya 
•« existencia fuese incompatible con la conservación de 
•« las que se encuentren », decía, « establecidas en esta ciudad, 
« ó lo hayan sido por el Gobierno de la República, en 
« cualquier punto de su territorio. » 

Todas las que no se hallaren en esos casos se conser- 
varán hasta nueva resolución^ decía ese decreto, como una 
.prueba de que no era posible destruir un hecho consu- 
mado. La interpretación de ese decreto la daba el dia- 
rio del Ministro que lo suscribía, diciendo: 

«... nsí como deben cesar todas las autoridades de 
«la campaña que sean incompatibles con otras autori- 
« dades existentes en la Capital : pero como en la ma- 
« yor parte de los puntos de la campaña son irrempla- 
« zables, en el momento, se prescribe su continuación 
« provisoria. Los Juzgados Ordinarios, por ejemplo, se- 
« guinin por ahora : pero no pueden seguir en el Depar- 
<c tamento de la Capital, que tiene el suyo en ella. 

« Nos parece que el decreto desconoce aquellas crea- 
« clones ó destinos que sean extraños á las leyes gene- 
<c rales, existentes en el país antes del asedio : pero ordena 
« continuar por ahora aquellos que, aunque provistos 



66 ALBERTO PALOMEQUE 



<c por don Manuel Oribe, son destinos establecidos por 
« esas leyes ; menos en los Departamentos donde estos- 
« mismos destinos estén ya provistos por el Gobierno, á 
« desempeñados bajo la influencia de su acción. 

« Así, al menos, entendemos nosotros el decreto •, y 
« si así fuese, lo hallamos no sólo conveniente, sino ab- 
« solutamente necesario. La duplicación de autoridades ú: 
« oficinas sería una monstruosidad. » 

Y, cuando á los pocos días se permitió la autoridad. 
provisoria usurpar facultades legislativas declarando que 
cesaban en todos sus efectos las disposiciones gubernativas 
dictadas por el General Oribe, decía que « sólo decía- 
« raba nulas y sin ningún valor las que se hubiesen dado- 
te en oposición ci la Constitución y a las leyes de la Repú- 
« blicay quedando las personas y las cosas sujetas á ias- 
« disposiciones dictadas ó que se dicien por las auiorida- 
« des legítimas de la Nación. » Decretos innecesarios, por- 
que, con ellos ó sin ellos, toca á los Tribunales exa- 
minar si los derechos que se invocan tienen fundamento 
legal. Si no lo tienen, se aplicará la Constitución y la 
ley, que son las que rigen, pero no los decretos, que no 
han podido dar mayor fuerza á lo que está sobre ellos,, 
dictados por autoridades incompetentes. Reconocida la 
autoridad gubernativa del General Oribe, como se ha visto 
y verá, no ha podido el Gobierno que le sucedió declarar 
nulos sus actos. Eso era la obra de la Asamblea, en un 
caso, ó la de los Tribunales, en el otro. Y esa ha sido,, 
felizmente, la sana doctrina que ha dominado en todos 
los espíritus pensadores, aun en los días más grises de 
nuestra existencia política. Esos actos se discuten, cuando- 
llega el momento, con un criterio levantado, estudiando^ 
la época en que se produjeron, sin odios ni rencores. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 67 

La posesión mandada dar por el . General Oribe, en 
1845 ó 1847, no ha caído dentro de la nulidad prevista, 
no ya por la Constitución y las leyes, pero ni siquiera 
por los decretos de Octubre de 185 1 y de Septiembre 
28 de 1865. No se trataba de ninguna donación ni ena-* 
jenación de bienes confiscados. Se trataba de un poseedor, 
declarado dueño de esos campos por el propio General 
Rivera en 1834; por el General Oribe en 1838, y por 
su Ministro el doctor Villademoros, desde 1833, como 
Juez. Tenía á su fiívor la Constitución y la ley. No arre- 
bató ningún derecho. No hizo sino reconocer el derecho 
preexistente. Si esa posesión fué violenta, bien pudo Amo- 
res reclamarla, por intermedio de doña Paulina, para 
quien las puertas de los Tribunales estaban abiertas, en la 
Colonia, como lo prueba el juicio que siguió en 1849, 
con el señor Lebrún, á quien nada reclamó entonces, 
reconociendo esa posesión anterior al año 1S45, que da- 
taba desde 1829. 

Así como aquí se han querido explotar aquellos dis- 
turbios, lo mismo hizo ese tan buen servidor de la Na- 
ción cuando el Gobierno, en 1853, por ley de Julio 14,. 
reconoció como deuda nacional, por razón de perjuicios 
de la guerra, el importe de los animales, artículos, efectos 
ó bienes tomados ó inutilizados á particulares a por aií- 
« toridades públicas ^ militares ó civiles y dependientes de cual- 
« quiera de los respectivos Gobiernos que dentro y fuera de 
« Montevideo han regido el país hasta el 8 de Octubre 
« de iSji. » Estas expresiones de la ley demuestran, de una 
manera concluyente, que los actos gubernativos fueron 
reconocidos como tales, ya emanaran de uno ú otro de 
Jos Gobiernos^ decía, que dentro y fuera habían regido el 
país hasta el 8 de Octubre de 18 ji I Cuando en el Se- 



68 ALBERTO PALOMEQUE 

nado se discutió este asunto, la Comisión de Hacienda, 
compuesta nada menos que de don Tomás Gomensoro, 
Ramón Masini y Juan Miguel Martínez (tomo 5.'*, 
pág. 2S8, « Diario de Sesiones»), no observó esa declaración 
de un orden político tan trascendental. Ese artículo ni si- 
quiera promovió discusión. Tan hecha estaba la opinión 
al respecto, entre los hombres de aquella época, que ha- 
bían actuado en !os sucesos. Hoy, á los cincuenta años 
queremos desliAcer una obra grande que encierra el sen- 
tido práctico de nuestros padres que nos dieron el ejem- 
plo de la moderación y el respeto. 

Como se ve, no se necesitó mucho tiempo para depu- 
rarse, en el crisol de la prudencia y del patriotismo, 
aquellos sentimientos de verdaderos hombres públicos^ que 
sabían deponer sus pasiones ante los intereses permanen- 
tes del país. Ahí está la verdadera interpretación de aquellos 
actos gubernativos, que en nada afectaron la Constitución 
ni las leyes, porque el General Oribe no desposeyó á quien 
tuviera derecho á la propiedad sino, en hipótesis, á quien 
indebidamente pretende ahora derechos posesorios. Estu- 
diar de otra manera aquella situación, es, ó desconocer 
los acontecimientos históricos relacionados con este pleito, 
ó pretender perpetuar errores que conviene evidenciarlos 
para honra y orgullo de quienes aquellas nobles enseñan- 
zas nos dejaron. 

14. La posesión perdida 

La autoridad ejecutiva no hizo sino respetar un hecho, 
sin que haya acción posesoria admisible, en presencia de 
esa conformidad y del silendo guardado después de la 
paz de Octubre de 185 1, en que ya no dominaba el Ge- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 69 

neral Oribe. En efecto, Qs^, posesión violenta, clandestina, 
con todos los vicios que se quieran, sólo pudo recla- 
marse al aho y un día. Si ella se produjo en 1845, como 
se asegura, y no se ha probado la imposibilidad de re- 
clamar, sino, por el contrario, acreditado su reconoci- 
miento, desde que la consintieron en 1849, tenemos que, 
cuando vinieron á solicitarla, en 1854, el 28 de Agosto 
(f. 17, Pieza A), ya habían transcurrido nueve años. Te- 
nían perdida y reconocida la posesión. Bastan esos nueve 
años posesorios^ fundados en todos los indiscutibles derechos 
de dominio, tenidos desde 1829, para destruir la original 
demanda de reivindicación de posesión. Esta no se ha ob- 
tenido violentamente sino por orden de la autoridad gu- 
bernativa, de una manera pública, notoria, tranquila y con 
derecho, sin que los Amores pudieran alegar siquiera que 
no había Alcalde Ordinario en la Colonia que no qui- 
siera atender sus reclamos, pues el expediente seguido el 
año 49, ante el señor don Plácido Laguna, probaría lo 
contrario. Lo que se ha pretendido ha sido exagerar una 
situación política para explotarla en beneficio de un in- 
terés privado. 

15. La acción posesoria 

Aun cuando el señor' Lebrún, sin necesidad de orden 
gubernativa, hubiera desposeído, violentamente, al señor 
Amores, ningún derecho podría invocar éste, ni siquiera 
el pretexto de la guerra, porque, concluida é sta el 8 de Oc- 
tubre de 185 1, ya en 1854, cuando vino á reclamarlo, 
lo tenía perdido por el transcurso de un año y un día. No 
tenía ni tiene acción posesoria. Y esta misma V. E. sabe 
perfectamente que la perdió con costasen 16 de Junio de 



70 ALBERTO PALOMEQÜE 

1879, según consta á f. 94 del expediente caratulaJo: 
«Acción posesoria», confirmado todo, con costas también, per 
el Tribunal, áf. 1527 165. Se produjo hasta la circunstancia 
agravante de haber desistido de la apelación que dedujo 
para ante el Tribunal, al verse perdido, atribuyéndole al 
procurador el hecho de haber equivocado la acción, cuando, 
decía, la que debió iniciar fué la de dominio; como si 
los errores de los mandatarios no se opusieran á los 
mandantes. La acción posesoria fué discutida, pues, y per- 
dida por el contrario, en 2j de Noviembre de i8y^! (f. 166 
de esos autos). 

Declarada improcedente la acción posesoria, quedó re- 
conocido el hecho indiscutible de que Lebrún poseía coa 
derecho ; y, aun en el supuesto de haberse deducido una 
acción de dominio, aquel desistimiento y esa pérdida del 
litis dieron por resultado que el emplazamiento se tu- 
viera por no hecho y no haber interrumpido la prescripción 
adquisitiva (artículo 121 1, C. Civil). 

Tenemos, pues, que, á contar la posesión desde 1845 
ó 1847, solamente, resultaría que la acción de domi- 
nio estaba prescripta cuando se inició el 2y de Septiembre 
de iSj^, (f. 12, autos principales). Habían transcurrido 
22 ó 24 anos, que se oponen á quien nunca ha tenido 
lOc posesión y en ella sólo se funda al deducir su original 
acción publiciana. Posesión no obtenida contra posesión 
judicialmente reconocida desde 1845 á 1847! en el peor 
de los casos, pues ella se cuenta desde 1829 Y ^esde 
1833, ^s decir, cincuenta años ó cuarenta y seis anos res- 
pectivamente. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 71 



i6. £1 derecho de poseer 

Pero, se ha dicho, é insistido mucho, con que se 
.alega, no el dominio, sino el derecho de poseer. Esta es 
4.ina invención, porque el adversario se encargó de mani- 
festarnos, cuando desistió de su acción posesoria, que 
fué en la que se discutió su derecho de poseer, perdién- 
dolo con costas, que él iba á iniciar la acción de dominio, 
consecuente con lo que igualmente declaró á f. ii6 de 
los autos que había iniciado en 1854. En efecto, en estos 
autos, como una prueba de que él reconocía que allí 
sólo discutía la posesión y no el dominio, he aquí lo que 
•dijo, en 7 de Mayo de 186 1 : « Necesitando una escritura 
a y plano de un terreno de la exclusiva propiedad de 
« mi representado para entablar el juicio correspondiente de 
« reivindicación, á V. E. suplico se sirva mandar se desglose 
•« dicha escritura y plano y se me entregue. » 

Luego, la sentencia pronunciada en esos autos, que 
no eran sobre el dominio, como él mismo lo reconoció,, 
no pudo afectar el derecho de propiedad de Lebrún. 
Esto lo iba á discutir el adversario recién después de 
1861. La sentencia que allí se pronunció no puede in- 
vocarse como afectando el dominio. El mismo contra- 
rio lo confesó á f. 116. Por eso dijo perfectamente el 
Tribunal, en su sentencia de f. 366, que se habían dis- 
-cutido simplemente los dtrechos posesorios, pero no el do- 
Jiiinio. 



72 ALBERTO PALOMEQUE 



17. Res Ínter alias acta 

Pero, no sólo no hay cosa juzgada sobre el dominio- 
de Lebrún, en esa sentencia, sino que, aun cuando la 
hubiera para Lebrún, no la hay para el tercero que na- 
ba tenido conocimiento judicial del pleito, como lo dispone 
el articulo 479, | 2.°, inciso 2.<» del Código de Proce- 
dimiento Civil. Para oponer esa sentencia al comprador 
ha sido necesario que éste tuviera conocimiento judicial 
del pleito, cosa que aquí no ha sucedido. 

Él ha iniciado una acción ordinaria contra terceros 
extraños al pleito, á quienes no pueden oponerse sen- 
tencias pronunciadas en juicio en que ellos no han sido 
partes, y contra quienes, por lo tanto, mal podía ejecu- 
tarse ninguna sentencia. El juicio ordinario, independiente,. 
se imponía; mas no la ejecución de ninguna sentencia. 
Ésta podía invocarse, no como ejecutoria contra terceros 
poseedores que niegan derechos de dominio y de pose- 
sión, sino como prueba de la propiedad alegadn, para- 
fundar su acción ordinaria, donde se discutiría su alcance 
en presencia de las alegaciones de estos terceros posee- 
dores ajenos al litigio. 

Esto es lo que dicta la razón y la jurisprudencia de 
nuestros Tribunales. Recuerdo, al efecto, el artículo 1539 
del Código Civil que así lo dispone cuando dice que 
« la nulidad judicialmente declarada da también acción 
a reivindicatoria contra terceros poseedores^ sin perjuicio de 
« las excepciones legales m fundado en lo cual, todos los 
días, en los Tribunales, se respetan los derechos de los 
terceros poseedores, mandando que los vencedores en un 
pleito de dominio inicien su acción reivindicatoria dése- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 73 

chándose la ejecutoria de una sentencia que para ellos es 
una res inter alias acta. 

Como ejemplo de ello, ahí están las sentencias pro- 
nunciadas áf. 8 y 113 de la pieza de autos caratulada: 
«Queja de procedimientos del Alcalde Ordinario de la 
Colonia en los autos seguidos por don Domingo Lebrún 
con Paulina A. de Amores ». 

Y esta es la doctrina, no sólo de nuestro legislador, 
sino la de escritores como Zacharioe, párrafo 583, — Toui- 
ller, tomo 7 números 549 y 550, — Duranton, tomo 12 
números 564 á 567, y Aubry y Rau, citados por el doc- 
tor Vélez Sarsfield, como fundamento del artículo 105 del 
Código Civil argentino, que establece también que la acción 
que surge de la nulidad declarada no es la ejecutoria de 
la sentencia^ sino simplemente la de ser reclamados direc- 
tamente del poseedor actual esos derechos reales ó perso- 
nales que quedan anulados por el hecho de ser transmi- 
tidos por quien no era dueño. ¿Por qué? Porque aún 
ese poseedor actual puede tener derechos que alegar, inde- 
pendientemente de los discutidos con el vencedor, cuyo 
título ha sido declarado de un valor superior, como lo 
recuerdan esos autores, y muy especialmente los señores 
Aubry y Rau, cuando dicen aSauf touiefois^ Vef¡et de 
« la prescription acquisitive qui se serai accomplie á lenr 
« profitn (p. 259 y 260, I 336, tomo 4.°, edición 1871 ). 

En efecto, no pueden considerarse como justos títulos^ 
dicen los autores citados, «aquellos que no son sino de- 
« clarativos y no traslativos de propiedad, es decir, las 
« transacciones y las particiones ; y por identidad de ra- 
« zón los fallos que, con motivo de una demanda de rei- 
« vindicación^ ordenan el desalojo del inmueble reivindicado^ 
a así como los fallos de adjudicación que no son trasla- 



74 ALBERTO PALOMEQUE 

« tivos de dominio». ( Aubry y Rau, tomo 2.^ páginas 377 

y 378 I 218). 

La razón fundamental de la doctrina sostenida por 
nuestro legislador cuando no da ejecutoria á esas senten- 
cias contra terceros, sino que únicamente autoriza la ac- 
ción reivindicatoría, sin perjuicio de las excepciones que 
se tuviesen^ es, porque, como dicen los autores menciona- 
dos: «en el contrato judicial, al formarse, con motivo de 
« una acción reivindicatoría, no reconocen las partes al 
« Juez sino . el poder de declarar los derechos de verda- 
« deros propietarios, y no le autorizan de ninguna manera 
« para ellos transferir derechos á quienes no pertenecie- 
« ran. El compromiso que las partes contraen de some- 
<( terse á la decisión del Juez, importa, de parte de quien 
« debe sucumbir, no el abandono eventual de un derecho 
« de propiedad existente á su favor, sino simplemente la 
« renuncia á hacer valer pretensiones que, desde luego, no 
« tendrán ya ninguna apariencia de realidad, quia res ju- 
« dicata pro vcritate habetur. » 

La doctrina contraria ha podido tener su aplicación en 
otro tiempo, pero, aún descartadas ciertas circunstancias 
excepcionales, que citan esos mismos autores, éstos 
se encargan de decirnos, fundados en escritores como 
Troplong, Duranton y Marcadé : « que aun en Derecho 
« Romano, la cuestión de saber si un fallo pronun- 
ft ciado en una acción reivindicatoría constituye un 
« justo título para el actor en provecho de quien se ha 
<c dado, es fuertemente controvertida, y que la negación 
« sostenida, entre otros, por Sell (op. citada, | 53), se 
« funda en razones cuya fuerza es difícil desconocer » 
{op. citada 5, página 378 al | 218, tomo II). 

De acuerdo con estos principios de la ley sustantiva es 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 75 

que la ley adjetiva dijo que las sentencias se contraerán 
á las cosas litigadas por las partes^ condenando ú absol- 
viendo al demandado; determinando sólo por excepción los 
casos en que pueden oponerse á terceros, en ninguno de 
los cuales se encuentran mis clientes, pues la ley bien 
terminantemente ha dicho que, para que la sentencia 
-dada contra el vendedor pueda perjudicar al comprador^ 
€s necesario que éste haya tenido conocimiento judicial del 
pleito. ( Artículos 462, 466 é inciso 2,^ del | 2.^ del ar- 
tículo 479 del Código de P. Civil). 

La sentencia, pues, que se quiere oponer á la suce- 
sión Rincón, y hoy al señor Criado Pérez, es una res 
Ínter alias acta, como lo dicen los autores, la ley y la 
jurisprudencia aquí establecida por las sentencias del 
doctor Granada y del Tribunal, sobre las cuales no puede 
volverse á discutir. Éstas sí tienen la autoridad de la 
cosa juT^aday en virtud de la cual, precisamente, se ini- 
ció este pleito. Insistir al respecto es nimio. No puedo 
ofender á V. E., desde que el litis actual tiene su funda- 
mento en esas sentencias que mandaron iniciar esta ac- 
ción para discutir la eficacia de los derechos de dominio de 
las partes contendientes, por cuya razón se está pleiteando 
desde 1879 nuevamente. ( Fs. 8 vuelta, 62 y 112, 
Pieza B. ) 

Esto es lo que aquí se ha hecho, con olvido absoluto, 
por parte del actor, de que ya el Juez de la causa, el 
doctor Velazco, declarado había, en Abril 8 de 1863 
(f. 248 autos pieza A), que si se consideraba con algún 
derecho, con motivo de la enajenación que el Gobierno 
de Berro había hecho á Rincón, lo hiciera valer dónde y 
cómo correspondiera j negándole el pedimento que hacía de 
dirigir nota al Ministro de Gobierno para que suspen- 



ALBERTO PALOMEQUE 



diera la escrituración hasta tamo no fuera sentenciado el 
pleito con Lebrún, lo que fué consentido. 

i8. La cosa litigiosa 

La enajenación hecha pendiente la cuestión sobre po^ 
sesión^ por el Presidente de la República don Bernardo 
P. Berro, es algo que no admite discusión. No soy yo 
quien lo dice. Es el mismo abogado del contrario, quien^ 
en su oportunidad, y sin saber qiie podía oponérsele su 
propia doctrina, nos decía, en lo de Agosto de iSó? (de 
f. 332 á 333 vuelta, pieza A), lo siguiente: 

« Y es que, en efecto, nada importaba que un Tribu- 
« nal cualquiera declarase que á tal ó cual poseedor le 
(( correspondía la preferencia, ó tenía mejor título, como 
(( lo dijo después la sentencia del Juez de lo Civil de 
« que me ocupo, desde que el P. E. tenía la facultad 
« de enajenar los terrenos sobre que dichas preferencias se 
« pretendían^ sin sujetarse a semejante declaración, 

a Pero saliendo de este terreno, en que es insostenible 
a la referida sentencia, no es más sostenible, en verdad^ 
<í si se le examina bajo el punto de vista de la confu- 
« sión que en ella reina. 

« Su parte dispositiva, que por sus términos demues- 

a tra que ella sólo se refiere á un juicio posesorio que no 

a concede propiedad, smo que se limita á declarar el buen 

« título de Lebrún, choca, sin disputa, con el antecedente 

« del derecho de propiedad perfecto que asistía d don Luis 

« Amores por las escrituras que en estos autos figuran 

« á f. 25 f. 3 y siguientes; y que la sentencia declara 

« nulo también declarando tales todas las oposiciones he- 
« chas á Lebrún. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 77 

« Esto, en verdad, es monstruoso, pero hasta cierto 
<( punto, es lógico. 

« Véase, sino, el siguiente Resultando de la sentencia : 
« Que don Francisco Solano, primer denunciante de la 
« fracción de terreno que don Luis G. Amores disputa 
« á don Domingo Lebrún, dejó judicialmente sus preten- 
« siones, queriendo, no obstante, á los ocho meses de 
<( esto, llamarse sucesor suyo don Pedro Antonio La Sernn, 
« el cual ha vendido á dicho don Luis^ que contrató con 
« el Gobierno cuatro meses después que Lebrún», etc. 

« Digo, Excmo. señor, que una sentencia que en sus 
(( Resultandos peca de tales errores, debe lógicamente con- 
« cluir con una monstruosidad en su parte dispositiva. 

« En primer lugar, don Luis G. Amores no contrató, 
« ni cuatro meses después que Lebrún, ni nunca, con el 
<i Gobierno. Don Luis G. Amores obtuvo de don Pedro 
« A. La Serna, por justo y legítimo título de compi*aventa, 
« el terreno que éste había obtenido por igual título del 
<c Gobierno. 

« Ni venía al caso averiguar tampoco si don Pedro 
« Solano, que había cedido sus derechas de posesión á La 
« Serna, podía ó no considerarse incurso en el desisti- 
<( miento de la oposición que hacía en otro tiempo á 
« Lebrún. No venía eso al caso, porque los derechos de pose- 
oc sión de Solano no tenían importancia alguna, desde que, 
« como lo declaró el Tribunal en 1834, « los terrenos de la 
« disputa no eran de propiedad pública, para cuya ad- 
<( quisición son preferidos los poseedores, sino de aque- 
« líos que el Gobierno, usando de sus facultades admi- 
« nistrativas, podía disponer del modo que le pareciera »; 
« y desde que, por consiguiente, una venta perfecta y 
a acabada, cual era la hecha por el Gobierno á La Serna, 



78 ALBERTO PALOMEQUE 

« había cerrado la puerat a toda cuestión sobre prelación á 
a título de posesión. 

« La sentencia asevera, además, que Amores (La Serna, 
a había de haber dicho, para hablar con exactitud ) con- 
« trató con el Gobierno cuatro meses después que Le- 
d brún. 

« Pero hay que hacer la diferencia entre contrato y 
« contrato. 

« Hasta la saciedad he probado en el curso de este 
a escrito, que todo lo contratado entre Lebrún y el Go- 
ce bierno se reducía á una simple promesa de venta. 

a Por las escrituras que figuran en estos autos puede 
« V. E. convencerse de que don Pedro La Serna había ob- 
« tenido del Gobierno una venta perfecta y consumada. 

a Hablándose de tan distintos contratos, ¿ tiene valor 
« alguno la diferencia de fechas ? ¿ Cómo una promesa de 
« ventay en que ni el precio está fijado, en que hay tan- 
ce tos vicios como antes se han notado en este escrito^ 
« puede prevalecer en conflicto con una compraventa tai> 
<( acabada como la que se consignó en la escritura pú- 
ii blica de /. 252 ? ¿ Cómo, Excmo. señor, cómo puede su- 
« ceder eso, á pesar de lo dispuesto por las leyes, á pe- 
« sar de la terminante declaración de la ley 6, título 5.% 
« partida 5.% que al hablar de la venta en que se esta- 
« blece que se ha de otorgar escritura dice : non es acá- 
« bada fasta que la carta non sea fecha e otorgada ? Cuando 
c< para esto mismo dice la ley maguer se avengan en el 
üL precio, y cuando ni siquiera avenimiento en el precio 
« había en el caso de Lebrún? 

« ¿ Y una sentencia que tal desconocimiento de derechos^ 
« que tal injusticia encierra, podrá ejecutarse ahora, 
« cuando no se ejecutó jamás ? 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 79 

« Y una sentencia que tan patentemente es nula, ¿puede 
« tenerse ahora como válida? ¿Qué sería entonces de la 
« regla de derecho que dice : quod fecit nullum ah initia 
« iracíu tempore non convalescit ? 

« Aquí hay una circunstancia especial, notable : esa sen- 
tí tencia no fué jamás ejecutada. Hoy que ella se invoca 
« como título, como raíz de derecho del contrario, es la 
« oportunidad de que mi representada se excepcione con 
« la nulidad de que adolece, porque esto le sería siem- 
« pre lícito, aunque no le fuese permitido entablar acción 
« sobre esa nulidad ; puesto que es también regla que : 
« quos Umporalia sunt ad agendum sunt perpetua ad exi- 
a piendam, 

a Pretende el defensor contrario, que las escrituras de 
« f. 25 y 30 han sido anuladas por la sentencia en cues- 
« tión. Y esta pretensión del contrario, que, en efecto, 
« parece tenerla también la sentencia, y que revela de un 
« modo incontestable qué con ella se violaban las leyes á 
a que antes me he referido, posponiendo el derecho cum- 
ia plido del uno á la simple esperan:(a de derecho del otro ; 
« anulando la compraventa por la promesa^ es la prueba 
« más acabada de su nulidad, de su injusticia, que se 
« ven claras coino la luz. Necesario sería renegar de la 
« misión de la justicia si se le viera sancionar una vez 
a más injusticia tan flagrante. V. E., yo lo espero, no hará 
c< eso. 

a Viniendo á la última faz del asunto, apreciada ya 
a esa sentencia y demostradas su nulidad y su injusticia^ 
a hien claro es que el P. E. pudo ejercer y ejerció un de- 
<c rechOy cuando, en 1841, resolvió definitivamente las cues- 
a tiones que tan largamente se habían sostenido entre 
« Lebrún, Amores y otros pobladores de la Calera de las 
« Huérfanas. 



80 ALBERTO PALOMEQUE 

« Demostrado como está en este escrito que el Go- 
« bierno, hablando rigurosamente y jurídicamente nunca ha^ 
<( hía vendido ¡as tierras de ¡a cuestión á Lehrún^ pudién- 
« DOSE ARREPENTiR, como lo dice la ley de Partidas 
« últimamente citada, bien lógico es deducir el derecho 
« en que el Gobierno estaba para repartir, por medio de 
« ventas, las tierras referidas, entre sus pobladores. » 

Pues bien: ahí está la verdadera doctrina. Como en- 
tonces no se discutía lo que ahora se discute aquí, el 
adversario sostenía lo que era justo. No previo que pu- 
diera llegar el caso de oponérsele. Pudo, pendiente el 
asunto, vender, uno de los interesados, sus derechos de 
posesión; y pudo el Gobierno vender á quien quisiera, 
y hasta arrepentirse^ desde que Amores no ha presentado 
aquí ningún título, sino una promesa de venta. Le falta 
la escritura, la posesión, el derecho para accionar. Debo 
recordar que aquí, en este asunto, no se discuten los de- 
rechos de Luis, único á quien se otorgó escritura en 1834, 
como consta de fs. 25 á 55, y de la cual me ocuparía 
detenidamente, para probar su nulidad, si no fuera que ya 
éste ha quedado fuera de juicio, según consta á f. 348, 
por haber el Gobierno comprado, á mi cliente, nueva- 
mente, la fracción de campo que aquél pretendía, en 14 
de Agosto de 1866, vendiéndosela á don Luis Amores, 
que no es don Francisco Amores. Así quedó reconocido 
que mi cliente era dueño. Él vendió al Gobierno porque 
quiso, porque le convino. El Gobierno le pagó, y éste fué 
muy dueño de vender á quien quisiera. Mi cliente no 
tenía para qué intervenir en la voluntad del enajenante 
del Gobierno. Si mañana hubiera eviccidn, mi cliente ten- 
dría que salir á la defensa, si lo quisiera el enajenante 
anterior. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 81 

- ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ I . ^ 

En cuanto á los Quintana, que se supone explotados 
•por Lebrún ( párrafo XVIII del escrito de f. autos prin- 
cipales), bueno es recordar, por lo que á la moral de la 
-causa conviene, que abandonó el pleito con Lebrún no 
•obstante las reiteradas notificaciones hechas por orden del 
doctor Villademoros ( i ), como Juez, quien, como una 
?prueba de su bondad de carácter, dijo á f. 41 vuelta de la 

I.* Pieza de autos, existentes en la Escribanía de Gobierno 

y Hacienda: 



( I ) «En la ciudad de la Colonia á los diez y ocho días del mes de 
Junio del año de mil ochocientos treinta y cuatro, después de haber no- 
tificado á don Pablo Quintana el despacho que precede, le informé com- 
pareciese por sí ó por apoderado instruido y expensado, y se personase 
en el Juzgado Superior Letrado en lo Civil del Estado y entregase el 
•expediente de denuncia, debiéndolo verificar en el perentorio término 
■de diez días, y contestó : Que vivía en un terreno de propiedad pública 
denunciado y mensurado por él, y que no trata de seguir pleito con 
don Domingo Lebrún, á quien sólo conoce por lindero, y que si el Es- 
tado trata de venderlo ó arrendarlo, tiene él la preferencia, porque hace 
diez y seis años que lo posee; y que ni por sí ni apoderado comparece ; 
y entregó el expediente de denuncia constante de fojas ocho útiles y 
•dos planos, y no lo firmó por no saber, y lo hizo á su ruego un testigo, 
'por ante mí y testigos de que certifico. — A ruego de don Pablo Quin- 
:tana, y como testigo. Benigno Lomellera, José Ramón Pére:^^, — Testigo : 
Francisco de Murías. — Testigo : José Pére^, 

« Con fecha veinte del mismo mes y año entregué á don Domingo 
Lebrún, en fojas doce, este expediente con inclusión del exhibido por 
'don Pablo Quintana con los dos planos y lo anoto. — Pérex,, 

(( En veintinueve de Agosto del expresado año lo notifiqué á don 
Pablo Q.uintana, y dijo después de enterado : que desistía y desiste de su 
'derecho á la preferencia en el litis con don Domingo Lebrún que ac* 
tualmente pende en el Juzgado Superior de lo Civil, y por no saber fir' 
mar lo hizo á su ruego don Francisco Solano Prado, por ante mí y tes- 
tigos de que certifico. — A ruego de don Pablo de la Quintana, 
Francisco S. Prado — José Miguel Ne — Sup'. Pr.* — Testigo : Fran- 
•cisco de Murias — Antonio Jacinto Freirá^ Testigo. > 

6 



82 ALBERTO PALOMEQÜE 



«Montevideo, Julio ii de 1834. 

«Vistos: Constando por la diligencia de f. 5/ vueltat 
que don Pedro de Solano se aparta y desiste del litis:- 
pendiente con don Domingo Lebrón, sobre preferencia á. 
los terrenos á que se refiere, admítese tal desistimiento,, 
condenándole, por todas las costas causadas, por su pro- 
ceder hasta este último acto, para cuyo cobro se remi- 
tirá con el despacho correspondiente al Ordinario de la 
Colonia, copia autorizada de la planilla que deberá for- 
marse por el Tasador General; y en cuanto á Quintana, 
considerando el Juzgado en la ct)ntestación que aparece 
á f. ^6 vuelta, más una ignorancia, hasta cierto punto 
disculpable, que una punible resistencia á las órdenes de 
este Juzgado, líbrese, á su costa, nuevo despacho á quien- 
corresponda, para que le intime comparezca ante este- 
Juzgado á usar de su derecho en el término que le seña- 
lase sobre esa misma preferencia que alega, donde se 
le oirá y administrará justicia, bajo apercibimiento que no 
lo haciendo por sí ó por medio de apoderado se pro- 
cederá por su rebeldía y sin más audiencia á lo que^ 
haya lugar en derecho, y apercibiéndole también muy se- 
riamente, á pesar de la consideración arriba expresada,, 
por la falta de acatamiento con que aparece haberse 
producido en la citada diligencia. 



(( Villademoros. 



a Ante mí. 



« Miguel Bridf 

«Escribano Público.» 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 83 



No se presentó nunca. Abandonó sus derechos. Por 
eso los perdió, si alguno tuvo. 

Demostrado todo esto, bien puede decir, pues, la 
sucesión Rincón, y con ella, don Manuel Criado Pérez, 
que no ha tenido para qué ocultar nada de lo que re- 
sultaba de aquellos autos de 1829 á 1842. Por el con- 
trario, todo le es favorable. No tuvo para qué mencionar 
el acuerdo casando y anulando los cuatro decretos del 
P. E., el de 1834, el de 1838, el de 1840 y el de 
1841, — porque eso no era generador de ningún de- 
recho. Por lo tanto, cuando los jurisconsultos ya nom- 
brados, de una época histórica llena de luz, procedieron 
á defender los derechos de Lebrún, sabían lo que ha- 
cían, enseñando el camino á los que, como Velazco, 
Tomé, Estrázulas, Ferreira y Artigas, Magariños Cer- 
vantes y Elbio Fernández, coadyuvaron después al mismo 
fin, como abogados, y Berro, Tomé, Estrázulas y Sienra, 
como funcionarios en el orden administrativo. La me- 
moria de los que ya murieron, dando días de lustre á 
la patria, y los que aún sobreviven, enseñándonos, con 
sus virtudes, de nada tienen por qué ni para qué arre- 
pentirse después de las luminosas sentencias que pro- 
nunciaron funcionarios como el doctor Real, y como 
los dignos magistrados de este Tribunal. El Estado ha 
podido vender esos campos á quien quisiese, y mucho 
más á uno de sus poseedores, que, en i86r, mantenía 
una posesión no desconocida desde 1829, por cuya ra- 
zón se le entabló pleito, habiéndolo perdido el actor. 

El dominio se ha transmitido por quien podía transfe- 
rirlo. No había ley que se lo prohibiera, pudiendo arrc' 
pentirse, como decía el adversario. 

Lebrún, ó sea el señor Criado Pérez, tiene, no sólo 



84 ALBERTO PALOMEQÜE 

la posesión sino el dominio. Tiene la escritura pública; 
las resoluciones de 1833, 1834, 1838, 1840, 1841, 
1876, y las dos sentencias pronunciadas en este pleito. 
¿Qué opone el contrario? Una posesión perdida, según 
él, violentamente, en 1845, y un decreto de 1841, nulo 
en todas sus partes. 

19. La acción publiciana 

Como la acción que yo he deducido es de reivindica- 
Mu de posesiJrjj dice el recurrente, es indudable que no 
es procedente argumentar con el título de propiedad in- 
vocado por el contrario, porque aquí se trata de la 
posesión. Pero, si aquí no se discute acción posesoria^ 
como lo sostiene el recurrente, es indudable también 
que la prueba versar puede sobre el dominio. Sólo 
cuando se inicia acción posesoria es que no se admite 
prueba sobre la propiedad. Como se discute el derecho 
a la propiedad, fundado en el derecho de poseer^ que surge 
del documento gubernativo de 1841, es indudable que 
el demandado no tiene limitación alguna para oponer 
sus excepciones perentorias. El demandado, al contestar 
la acción, dijo: «soy dueño con un título emanado del 
« Gobierno, y además, tengo la posesión dada por sus 
« dueños: el Gobierno, Lebrún y Roguín. » Eso es lo 
que se ha discutido, y eso es lo que las sentencias han 
estudiado. En ellas bien clara^mcnte se dice que el ac- 
tor no ha presentado título alguno, ni bueno ni malo, 
es decir: que el decreto gubernativo de 1841 ni le dio 
derecho de poseer ni de propiedad. Como se ve, se le ha 
discutido su llamado derecho de poseer, y se le ha di- 
cho : « eso no vale nada, en presencia de la escritura 
« pública y posesión indiscutible del demandado. » 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 85 

El argumento de la cosa litigiosa es menos proce- 
dente. El dueño era el Gobierno. Éste no tenía pleiio. 
Pudo vender. La venta de Lebrún fué de derechos pose-r 
sorios. La del Gobierno fué de dominio. Quedó conso- 
lidada la propiedad. Si el actor le hubiera discutido la 
propiedad al Gobierno, sosteniendo pleito con él, enton- 
ces podría decir que había vendido lo que se litigaba. 
Pero, ni esto ha sucedido ni se opone sentencia alguna 
pronunciada contra el vendedor, que es el Gobierno, ni 
contra Roguín, que era el otro vendedor en 1843. 

No le quedaba, pues, al actor, más que un camino: 
presentar su prueba de dominio. ¿ Lo ha hecho ? Las 
constancias de autos dicen que no ; que no ha presen- 
tado ni título inferior ni superior, y que el Gobierno no 
ha vendido á dos una misma cosa sino á uno solo, á mi 
cliente, que es quien ha presentado la escritura pública, 
porque, de acuerdo con la ley de Partidas y el Código 
Civil, en materia de venta de inmuebles, esa es la única 
que vale. Podría quedarle al actor un derecho por daños 
y perjuicios contra el Gobierno, y nada más. 

Ni por la antigua legislación, ni por la moderna, ha 
podido deducirse la tal acción publiciana, reservada sólo 
para cuando se discute el derecho de poseer entre per- 
sonas que tienen títulos posesorios ó títulos iguales, por 
aquello de que en derecho dos posesiones iguales y de 
la misma naturaleza no pueden concurrir sobre la misma 
cosa. Un título válido no da sino un derecho á la po- 
sesión de la cosa, y no la posesión misma ; pero, cuando 
no existe ese título no hay ni derecho d la posesión ni 
posesión legítima, porque por ésta se entiende cuando 
es el ejercicio de un derecho real constituido en confor- 
midad á ¡as disposiciones del Código; mientras es ilegí- 



86 ALBERTO PALOMEQÜE 

lima la que se tenga sin título, ó por un título nulo, ó 
fuere adquirida por un modo insuficiente para adquirir 
derechos reales. El recurrente no ha presentado ningún 
título á la posesión, ni ha probado que se le haya qui- 
tado violentamente, porque desde 1829 y 1833 la tenia 
Lebrún. Más aún: en 1849 maniobraba de intrusa doña 
Paulina, sin que conste ninguna prueba relativa á la po- 
sesión violenta que haya adquirido mi cliente después 
de ese año. Anterior al 49 se ha alegado que hubo 
orden del General Oribe ; pero después del 49 aparece 
abandonándose, sin violencia, una posesión que se alega 
haber tenido siempre, no obstante la orden del General 
Oribe. 

Si el actor fué despojado y se consideraba con de- 
recho de poseer, pudo iniciar, de acuerdo con la antigua le- 
gislación, el juicio petitorio y el posesorio. La ley de en- 
tonces, en 1854, que fué cuando inició su demanda, le 
autorizaba para acumular ambas acciones, como lo re- 
cuerda el doctor Vélez Sarsfield al comentar el artículo 
2482 del Código Civil Argentino, fundado en las leyes 
27 y 28, título 2, partida 3.*; y L. 4, título 3, libro 
XI, Nov. Rec. Esta es también la doctrina que nuestro 
Código de Procedimiento Civil sustentó cuando dispuso, por 
el artículo 288, que: a se puede mudar la acción deman- 
« dando la propiedad si solóse había pedido la posesión, 
<c pero no ésta si se había pedido la propiedad. » 

Las leyes españolas citadas ya habían servido al doc- 
tor don Eduardo Acevedo para decir, en su Proyecto 
de Código, que el poseedor es preferido en caso de igual- 
dad de títulos (artículo 574 inciso 3.**). Pues bien: esas 
mismas leyes disponían que, por el hecho de « ser más 
« grave probar el dominio de la cosa que la posesión^ más 



J 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 87 

«<( cuerdamente procede el actor demandando ésta, si la 
^< puede probar, que no aquélla. » « Si el demandante, dicen 
esas leyes, « fuesse forgado ó echado de la tenencia de al- 
& guna cosa que fuesse suya, que bien puede entonce de- 
« mandar en una misma demanda la tenencia e el sehorio 
•« della a aquel que la tuuiere. E si por auentura alguno 
« demandasse a otra, que le entregasse de la tenencia de 
«alguna cosa, o el que la tuuiesse, o otro cualquier g'we 
« la ra/^onasse por suya, dixesse que gela non auia porque 
(c entregar, porque es suya, o auia otro derecho en ella, o 
« otro alguno que dize que es suya aquella cosa; en tal 
•« razón como esta, ante deue ser oyda la demanda, e li- 
« brada, del que demandasse la tenencia, que la del otro que 
c( demandasse, o ra^onasse el señorío ; fueras ende si aquel 
c< que demandasse, quisiesse ante mostrar que era suya luegOy 
« e tuuiesse sus prueuas ciertas para probarlo; ca en- 

C( TONCE ANTE DEUE SER OYDO, E LIBRADO, qUC cl OtrO 

c( que demandasse la tenencia. » 

La razón de esta ley era la siguiente: aporque ma- 
-« guer del que ra^onasse la tenencia, fuesse primeramente 
« recebida su demanda, para prouar lo que dize, non Je 
« cumplirla aunque lo prouasse, pues que el otro qué de- 
<( mandasse el sehorio, tuuiesse sus testigos, o sus prueuas 
«ciertas para prouarlo sin alongamiento alguno; ca si lo 
-« prouasse, el deue ser entregado de la cosa, e el otro que 

.« RAZONASSE LA TENENCIA, NON HA QUE VER EN ELLA. » 

20. La violencia de la posesión 

El abandono de la posesión se explica conociendo el 
«desistimiento á que me he referido y la caducidad de 
todo derecho posesorio y de dominio; tanto más cuanto 



88 ALBERTO PALOMEQUE 



que el vicio de violencia en la posesión es esencialmente- 
relativo respecto de aquel contra quien se ejerce. Si Lebrún- 
pudo tener posesión violenta, es indudable que no la tu- 
vieron ni el Coronel Rincón, ni su sucesión, ni el señor 
don Manuel Criado Pérez. Éstos han entrado á poseer 
tranquilamente, de una manera pública, en virtud de un-» 
título de propiedad y de una posesión dada por el legí- 
timo dueño, 9Ín necesidad de arrojar del campo á per- 
sona alguna, y menos á los Amores, que allí no se en- 
contraban. A lo menos, de autos nada consta al respecto. 
Si la posesión de Lebriin pudo ser violenta, no lo fué lat 
de Rincón ni la de Criado Pérez, porque éstos se crea- 
ron un nuevo titulo de adquisicióny aun cuando se le qui- 
siera objetar con la posesión anterior. Por eso dice Po- 
thier, Possessión, número 23 : «Por ejemplo, si la posesión? 
a ha comenzado por ser una posesión violenta, clandes- 
cc tina ó de mala fe, continúa en la misma cualidad, no- 
« sólo en la persona del que principió la posesión, sino 
a también en la de sus herederos y los herederos de sus 
« herederos. No sucede lo mismo con el que ha obtenido 
« la posesión por un título singular. La posesión que ha 
« comenzado en su persona, le es propia^ y no la conti- 
« nuación de su autor. Es verdad que el sucesor singu- 
« lar puede unir á su posesión la de su autor, y citando 
c< la une no puede hacerlo sino con sus cualidades y sus 
« vicios ; pero como sólo es una facultad, puede ó no 
« hacer uso de ella. » 

Ni el señor Rincón ni el señor Pérez son herederos de 
Lebrún ni han alegado otro derecho que el que 
emana de su propia posesión, desde que la obtuvieron 
del propietario, que lo fué el Gobierno de la Repú- 
blica, único dueño reconocido como tal por el adversario. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 89 

Y, aun esa misma posesión violenta del señor Lebrun, 
transmitida, si se quiere, á Rincón y á Criado Pérez, 
desaparecería desde que se habría creado un nuevo título de 
adquisición. (Artículo 2354 Código Civil Argentino ) que 
es el título de dominio. 

21. Justo titulo del Gobierno de Berro 

Más aún : suponiendo exacto que los Amores hubiesen 

desalojado el campo por miedo de enemigos, como dice la 

ley L, título XXVIII, parte 3.*, la tenencia no pueden 

discutirla, lo único que podrían reclamar sería el domi- 
nio, demostrando, con su título, el señorío de la cosa. 

¿ Dónde está su título ? ¿ Qué se entiende por justo 
título ? Estas preguntas son necesarias, porque se las hace 
el recurrente para probar que un papel no es un título. 
Es un error de su parte. El papel es un título. Ahora, 
que ese papel sea un título justo, es otra cosa. Eso es 
lo que se discute. Él ha alegado con un papel: el do- 
cumento de 9 de Octubre de 1841 y la sentencia del 
doctor Alvarez confirmada por el Tribunal. Este es su 
papel, su documento, su titulo á la posesión. Ahora, lo 
que se trata de saber es si es justo título, en presencia 
de los otros documentos exhibidos por su adversario, 
porque ya se ha dicho que dos posesiones no pueden 
coexistir. Y esto es lo que ha estudiado el Tribunal, 
diciendo : a el verdadero título de propiedad es el que 
« posee el señor Criado Pérez, porque, alegado el domi- 
« nio, éste es el que debe resolverse según la ley de Par- 
« tidas ya citada. » 

Aubry y Rau lo han dicho : « Se llama justo titulo un 
« título que, considerado en sí mismo, hecha abstracción 



90 ALBERTO PALOMEQUE 

<c del punto de saber si emana del verdadero propietario 
« y de una persona capaz de enajenar, es propio para 
<i conferir un derecho de propiedad. En otros términos: 
<t todo título que tiene por objeto transmitir un derecho 
« de propiedad, forma un justo título, cuando está legal- 
« mente autorizado en cuanto á su género y revestido de 
« las solemnidades exigidas para su validez según su pro- 
« pia naturaleza, y sin relación á la condición de la per- 
« sona de que emana. » « Así la venta, la permuta, la 
« dación en pago, constituyen justos títulos, siempre que 
« los actos que los autoricen estén revestidos de las 
« formas exigidas por la ley. » (Página 377, tomo 11.) 

Por eso dicen esos autores que no son justos títulos 
« las sentencias que fundadas en una demanda de reivindi- 
<( cación ordenan el desalojo del inmueble reivindicado, » como 
lo he recordado antes de ahora. (Páginas 377 y 378). 

El decreto, pues, de Octubre 9 de 184 1 y la senten- 
cia pronunciada en el juicio de Lebrún con Amores no 
son ningún justo título en presencia de los antecedentes 
que he mencionado y de la escritura pública presentada. 
Ésta no puede dejarse de tomar en cuenta, porque la //- 
iis contestatio así quedó trabada, y no hay ley alguna que 
autorice al Juez para prescindir de ella, en su sentencia. 
La excepción perentoria de dominio, opuesta por el deman- 
dado, es un derecho real erga omnes, á diferencia del de- 
recho de posesión que no es, según la opinión general 
de autores autorizados, como Savigny y otros, sino un 
derecho personal contra el que cometió el despojo. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 91 



22. £1 artículo 624 del Código Civil 

Con arreglo, pues, á la antigua legislación, la acción 
publiciana no tiene el alcance de alterar la litis contes- 
tatiOy impidiendo á los magistrados tomen en considera- 
ción la defensa del demandado. El dominio, ó señorío de 
la cosa y se sobrepone á la tenencia ó sea á la posesión. 
Y esto cuando no sucede, como aquí, que lo que se 
discute es simplemente el señorío. En efecto : el derecho 
de poseer^ que es lo que alega el actor, no es sino la 
discusión de la propiedad misma. El que tenga derecho 
de poseer^ ese es el dueño, porque el actor se ha encar- 
gado de decirnos que no es ninguna acción posesoria la 
que ha deducido, que la tendría perdida por el transcurso 
de un año y un día, sino una acción de reivindicación 
de posesión que aquí se confunde con el dominio, porque 
hay que estudiar el derecho á poseer, es decir, el justo 
título que se invoca. 

Y si de la antigua legislación pasamos á la que ac- 
tualmente nos rige, menos sostenible es su pretensión. 

En efecto : él ha iniciado su acción durante la vigen- 
cia del Código Civil. Se ha fundado en él. Por eso 
argumenta con el artículo 624, inciso 6.°, del Código 
Civil. Este artículo se da para las personas que no son 
dueñas. Lo dice bien claramente. Invocarlo, es declarar 
^ue no se es dueño de la cosa que se reivindica. Luego 
entonces es indiscutible que se refiere á los que son 
simples poseedores, porque contra el dueño que posee no 
hay sino una acción para recuperar la posesión, que es 
la posesoria. Y ésta no sólo no se ha iniciado, sino que 
los artículos 625, 630, 637, 640, 643 y 644 la de- 
niegan. 



92 ALBERTO PALOMEQUE 

De estas disposiciones resulta : 

i.° Que la violencia es sólo relativa al despojado. 2.** 
Que la posesión se pierde por usurpación de un tercero» 
3." Que la acción para recuperar la posesión espira al 
año, desde que ha cesado la violencia, 4.° Que en los 
juicios posesorios no se toma en cuenta el dominio que 
se alegue por una ú otra parte. 3.° Que la acción de 
restitución sólo compete contra el usurpador ó contra 
l.i persona cuya posesión se derive de la del usurpador 
por cualquier título; y 6.'' Que el que ha sido violen- 
tamente despojado, y por cualquier causa no pudiere ins- 
taurar su acción posesoria, tiene seis meses para pedir se 
restablezcan las cosas en el estada en que antes se ha- 
llaban, probando el despojo violento. 

Como se ve, ni aun con arreglo á la legislaci^^n ac- 
tual es posible dar entrada á la célebre acción publi- 
ciana, porque nuestra ley es diferente á la romana ^ 
como lo recuerdan Aubry y Rau, cuando dicen : a Se 
« debe tenei; presente la diferencia profunda que separa 
<c nuestra legislación, bajo cuyo imperio la posesión, aun 
« de mala fe, encierra en sí el germen de la prescrip- 
« ción, y el derecho romano, que no admitía que la po- 
a sesión de mala fe pudiese conducir á la prescripción. 
a Es, por este motivo, especialmente, que no podríamos 
« asociarnos á la opinión de los autores que, al exami- 
« nar la cuestión bajo el punto de vista puramente teó^ 
« rico, enseñan que la acción publiciana subsiste aún 
« hoy día con sus caracteres y sus condiciones propias.. 
a No es necesario perder de vista que, en nuestro dé- 
te recho, el poseedor anual tiene todo un año para 
« reintegrarse, por medio de su acción, en la posesión 
<t de que ha sido despojado, y que así la acción publi- 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 93 

« ciana no presentaría ya, al respecto, la misma utilidad 
« práctica que en derecho romano, donde el interdicto 
« titi possidetis no protegía más que al poseedor actual, 
« y no al que había cesado de poseer. » 

Ya, en esta materia, como dijo el doctor Narvaja : 
« no se puede hablar de título y buena fe para el ejer- 
ce cicio de las acciones posesorias, sin mostrarse, por el 
« mismo hecho, ajeno á todos los progresos de la cien- 
<( cia. » Se posee porque se posee. El despojo y la mala 
fe, en materia de posesión, no son ni han sido nunca, 
desde nuestra ley 17, título 3.°, partida 5.*, mirados 
como indignos de fundar el derecho de posesión y aun 
de poseer y de dominio. Todo queda subsanado ante 
el silencio, desde que cesó la violencia. No se tiene 
que responder por la posesión, dice el do:tor Narvaja. 
« Se ha prescripto la posesión, ó, lo que es lo mismo, 
« adquirido el derecho de posesión ; la saisine francesa, 
a no tiene que responder más sobre la posesión, pero 

« TENDRÁ QUE RESPONDER EN EL JUICIO PETITORIO Ó DE 

a PROPIEDAD, pues á la propiedad está ligado natural- 
« mente el derecho de poseer. » (Artículo 442, Código Orien- 

Y aquí, este es el juicio petitorio , único que el Tribunal re- 
solvió, inspirado en el artículo 442, que dice : a aun 
a el derecho de poseer está naturalmente ligado á la pro- 
<( piedad ; puede, sin embargo, ésta subsistir sin la posesión 
« y aun sin el derecho de posesión. » 

V. E. ha declarado que aquí la propiedad de los de- 
mandados no ha estado separada de la posesión ni del 



' ( I ) La Nación tiene Código Civil, por el doctor don thistAn nar- 
vaja, página 69, año 1869. 



94 ALBERTO PALOMEQUE 

derecho de posesión al examinar todas las constancias de 
autos. Y ha dicho una verdad legal y moral que, seguro- 
estoy, confirmará este Tribunal Extraordinario. 

23. Resumen 

De todo lo expuesto resulta : 

I.® Que la Asamblea General Constituyente nunca dicta 
resolución alguna sobre el valor de las donaciones que 
el General Artigas había hecho en 181 5, habiéndose de- 
clarado incompetente el Poder Ejecutivo para conocer de 
esta cuestión, mandando que los interesados ocurrieran 
al Poder Judicial. 

2.® Que las leyes de tierras públicas vigentes el año 38*^ 
no eran aplicables al caso, y que, aun en el supuesto de 
tener alguna atingencia con el asunto, ellas no concedían 
ningún derecho de propiedad sino á los que poseían 
veinte años atrás. 

3.® Que el decreto de 8 de Abril de 1835, relativo á 
las tierras en cuestión, dejó á salvo el derecho al Poder 
Ejecutivo para resolver lo que correspondiera cuando se 
suscitara discusión sobre el derecho á poseerlas, y que en 
virtud de él el Gobierno resolvió el punto, previo in- 
forme de la Comisión nombrada al efecto, adjudicando, 
en 1838, al señor don Domingo Lebrún, el campo que 
éste había poseído desde 1829, y que había adquirido de 
su legítimo propietario el señor Roguín. 

4.° Que según la sentencia pronunciada por el doctor 
Alvarez, que se quiere oponer al señor Criado Pérez, no 
es necesaria la escritura pública para considerar dueño 
al poseedor actual, sino que bastaría la simple promesa 
hecha por el Poder Ejecutivo. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GEXEBAL ORIBE 95 

• 

j.<> Que las donaciones hechas por el General Artigas, 
aun confirmadas por el Cabildo de Montevideo, no dan 
título alguno, porque no podían transmitirse á terceros, y 
ser esos campos de propiedad particular deáde 1777 
y 1827 respectivamente. 

6.° Que la venta hecha por el señor Roguin, en 1834^ 
al señor don Domingo Lebrún, bastaba por sí sola para 
consolidar su dominio. 

7.° Que el decreto expedido por la Administración del 
General Oribe, en 23 de Octubre de 1838, fué confir- 
mado y ratificado por la Administración del General Ri- 
vera, en 22 de Enero de 1840 y en i8 de Junio de 1841^ 
mandando vender el campo al señor Lebrún, después de 
las dos luminosas Vistas del señor Fiscal de Gobierna 
doctor don Gabriel Ocampo. 

8.° Que la posesión, desde 1829, mantenida judicial- 
mente por auto de 1833, de acuerdo con la opinión del 
señor Fiscal doctor don Lucas J. Obes y la propuesta 
de compra aceptada en 1834, no obstante la actitud re- 
volucionaria de los Amores, desacatando las resolucione 
judiciales y administrativas, cuando sólo ocupaban una 
pequeña parte del campOy en 1834, basta, por sí sola, para 
operar la prescripción del dominio, teniendo en cuenta 
el desistimiento que en 1834 hicieron don Pablo Quin- 
tana y don Pedro de Solano, causante este último de 
don Luis Amores. 

9.0 Que las primeras notabilidades del país habían in- 
tervenido en este asunto hasta 1 841, reconociendo todas^ 
desde sus elevadas funciones públicas, el indiscutible de- 
recho del señor don Domingo Lebrún. 

10.** Que los decretos de 13 de Julio de 1841 y 9 de 
Octubre del mismo año, mandando suspender la escritura- 



96 ALBERTO PALOMEQUE 

ción, sin perjuicio de los derechos de Lebrún, casando y 
anulando el que se había pronunciado en 23 de Octubre 
de 1838, carece de todo fundamento legal, como lo de- 
mostró, de una manera elocuente, el ilustrado juriscon- 
sulto doctor don José Ellauri en su escrito de fecha 
15 de Octubre de 1841. 

1 1. o Que los decretos de 13 de Julio y 15 de Oc- 
tubre de 1 84 1 fueron dados en momentos críticos 
para el país, y cuando el mando había sido delegado por 
«1 P. E. en sus tres Ministros, quienes no firman el 
decreto de 15 de Octubre de 1841, que cerró al señor 
Lebrún las puertas de la Casa de Gobierno en esa 
•época. 

12.° Que la posesión adquirida por el señor don Do- 
mingo Lebrún, por sí mismo y por intermedio de la au- 
toridad del General Oribe, no fué violenta, como lo 
prueba el hecho elocuente de no haber reclamado de 
-ella, en 1849, ^^ señora doña Paulina Amores cuando 
pleiteó con Lebrún ante el Alcalde Ordinario de la Co- 
lonia, don Plácido Laguna. 

13.° Que la resolución adoptada por el General Oribe 
no sólo no ha sido declarada nula, sino que, en el 
presente caso, no atacaba ni la Constitución ni las 
leyes, porque no hacía sino ordenar la ejecución de lo 
<jue en 1833, 1834, 1838, 1840 y 1841 se había reco- 
nocido á favor del señor don Domingo Lebrún. 

14.0 Que aun en el supuesto de haber existido un des- 
pojo, no sólo no fué reclamado en 1849, cuando doña 
Paulina Amores litigó ante el Alcalde Ordinario de la 
Colonia, sino que vino á reclamarse el 28 de Agosto 
<le 1854, después de haber transcurrido nueve años del 
dicho despojo. 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORIBE 97 



15.0 Que la acción posesoria la perdió González Amores, 
con costas, según las sentencias de 1 6 de Junio y 25 de 
Noviembre de 1879, dando por resultado que el empla- 
zamiento se tuviera por no hecho y no haber interrum- 
pido la posesión adquisitiva. 

1 6.° Que la sentencia pronunciada en el juicio iniciado 
en 1854 contra Lebrún, se refería simplemente á los de- 
rechos posesorios, y que, aun cuando se refiriera al do- 
minio, ella no podría oponerse al comprador que no ha 
tenido conocimiento judicial del pleito ; tanto más cuanto 
que hay cosa juzgada al respecto, mandándose que en este 
pleito se discuta la eficacia de los derechos de dominio 
alegados por el señor don Manuel Criado Pérez. 

17.° Que la enajenación del derecho de propiedad del 
Gobierno ha podido hacerse por éste, á un tercero, cual 
fué la sucesión Rincón, pendiente el juicio sucesorio entre 
Amores y Lebrún, porque no sólo aquél no era parte 
en el juicio, sino porque pudo arrepentirse, en 1862, de 
lo que manifestó en 9 de Octubre de 1841, según los 
mismos Amores lo dijeron en el pleito que sostenían 
con Lebrún, en su escrito de 10 de Agosto de 1867. 

18.0 Que don Pablo Quintana renunció expresamente á 
seguir el pleito con Lebrún, en 1834, por lo que el Juez 
lo tuvo por desistido. 

19.'^ Que á la posesión indiscutible desde 1829 Y ^ ^^^ 
sentencias pronuncindas desechando la acción posesoria y 
á la escritura pública otorgada por el Gobierno en 1862, 
de acuerdo con todos los antecedentes citados, sólo se 
opone un decreto en el cual se funda el llamado derecho 
de poseer, que ha quedado sin efecto por las sentencias 
pronunciadas en el juicio por acción posesoria, fenecido 
en 1879. 

7 



98 * ALBERTO PALOMEQUJG 

20.° Que los Amores no h an presentado ningún título 
que les dé derecho de posesión, y que el Gobierno sólo 
á una pei'soni ha vendido, y que ésta lo fué la sucesión 
Rincón. 

2i.° Que la rxción publiciana ni con arreglo á la an- 
tigua legislación ni con arreglo á la que actualmente 
nos rige, es procedente, desde que el señor don Manuel 
Criado Pérez ha rechazado la demanda, alegando su de- 
recho de propiedad, por lo que la sentencia ha debido 
recaer sobre este panto, de acuerdo con la litis contes- 
tatio. 

22.'^ Que la posesión de Rincón y Criado Pérez no ha 
sido violent.i, desde que se crearon un nuevo título de 
adquisición. 

23.'' Que los Amores no han presentado el justo título 
de que hablan los autores, porque no es tal ni el de- 
creto de 9 de Octubre de 1841 ni la sentencia pronun- 
ciada en el juicio con Lebrún. 

24.° Que lo que aquí se ha discutido no es una cues- 
tión entre dos poseedores, sino entre uno que se dice 
poseedor y otro que se dice propietario, por lo que no 
se trata de la acción publiciana. 

25.® Que con arreglo á la legislación vigente la vio- 
lencia cometida en 1845 sería un vicio relativo al des- 
pojado solamente, y que esa usurpación da derecho 
posesorio al usurpador, después de vencidos los seis me- 
ses ó el año respectivo, puJiendo sólo deducirse la ac- 
ción de restitució:i conrra el usurpador ó contra la per- 
sona cuya posesión se derive de la de éste por cualquier 
título. 

26.° Que ni el despojo ni la mala fe ni la falta de tí- 
tulo nunca han sido mirados como indignos de fundar 



ACTOS GUBERNATIVOS DEL GENERAL ORII 99 

el derecho de posesión y aun de poseer y de dominio, 
desde los tiempos de la legislación española. 

27.° Que el derecho de poseer está naturalmente unido 
á la propiedad, y que el juicio llamado á resolver aquí 
no es otro que el petitorio. 



Creo que el derecho de poseer ha quedado bien pobre- 
mente exhibido. No podrá quejarse el recurrente.de que 
no se haya estudiado m extenso el valor de sus títulos y 
los de mi cliente. 'Ahí quedan estas consideraciones. V. E. 
las apreciará. Por mi parte, he creído de mi deber no 
repetir en este Informe lo que ya tengo dicho en autos. 
Sólo he tratado de presentar una nueva faz del asunto 
para demostrar al contrario que no se temía sacar del 
archivo, de ahora setenta años, aquellos papeles empol- 
vados que tantos ejemplos de patriotismo y prudencia nos 
han legado. 

Seguro de los derechos que defiendo, me retiro tran- 
quilo de este Tribunal, esperando el fallo justiciero que 
ponga término final á un asunto en el que se ventila la 
fortuna de un hombre honrado, adquirida por el noble 
esfuerzo de una larga vida dedicada al trab.i;o y cuyas 
economías se han enterrado en aquellos lugares. 

Depende de V. E. que la vejez de ese hombre la 
transcurra en el apacible hogar amasado con el sudor de 
su frente, inspirándose en ijs nobilísimos ejemplos que 
nos dieron aquellos patricios, cuando, en el ardor de la 
lucha, supieron acallar sus pasiones y reconocer la solida- 
ridad de la acción gubernativa. 

Alberto Palomeque, 



ÍNDICE 






ÍNDICE 



PAGINAS 

Explicación — — — — ____- — _ — — 5 

1. La acción de la Constituyente — -* — — — — — 9 

2. La acción legislativa y administrativa— — — — — — 12 

5. Las donaciones de Artigas — — — — — — — — 17 

4. El M. \. Cabildo de Montevideo — — — — ——— 22 

5. El Presidente Oribe y su Ministro Villademoros — — — 24 

6. La actitud del vencedor en Palmar y el doclbr don Gabriel 

Ocampo — — -^ — — — _ — _ — __ 27 

7. La actitud del vencedor— — — — — — — — — 55 

8. Antecedentes de la venta— — — — — — -^ — — 41 

9. La política del año 41 — — — — — — — — — 44 

10. El derecho de casación —— — — — — — — — 48 

11. La pabbra del doctor don José Ellauri — — — — — 50 

12. La doctrina contrata, el General Correa y un Poder Ejecu- 

tivo curioso — — — — — — — 

n. La invasión del General Oribe, valor legal de sus resolu- 
ciones gubernativas y judiciales— — — — — — — 62 

14. La posesión perdida — — — — — — — ^^ 

1$. La acción posesoria — — — — — — — — — -" ^9 

16. El derecho de poseer - — — — -—- — — 71 

17. Res Ínter alias acta — — — — — — — — — — 72 

18. La cosa litigiosa — — — — — — — — — — — 7^ 

19. La acciíjn publiciana — — — — — — — — — — 84 

20/ La violencia de la posesión — — — — — — — — 87 

21. Justo título del Gobierno de Berro — — -- — — — 89 

22. El artículo 624 del Código Civil — — — — — — — 91 

2;. Resumen — — .__ — ____ — 94 



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